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Realmente es ya preocupante la insistencia de algunos sectores políticos por acoger la tesis comunista según la cual están en el mismo saco militares y narcoterroristas, con el argumento de que ambos son actores de la violencia endémica en Colombia desde hace cerca de 60 años.

Carlos Edward Osorio, representante de 'la U' y único ponente del proyecto en el primer debate, dijo que es importante que se reconozca que los uniformados son un actor del conflicto armado que deben tener acceso a penas alternativas, pero con un tratamiento jurídico diferenciado del que en un eventual proceso de paz se les dé a miembros de grupos armados ilegales. El congresista explicó que a todos "no se les puede dar igual tratamiento, porque no es lo mismo que una persona contravenga la ley siendo un agente del Estado, que una que no lo es". "Los uniformados son parte del problema y, por lo tanto, de la solución; por eso se dice en la norma que se cobija a todos los actores del conflicto armado interno, sin excepción", agregó Osorio.

Las afirmaciones del congresista constituyen una verdadera falacia y se convierten en un elemento distractor para entender la naturaleza del conflicto; bajo ningún punto de vista se puede considerar que los militares sean parte del problema cuando no son más que la expresión de fuerza legítima del Estado para repeler la agresión interna del narcoterrorismo; los militares no actúan bajo una agenda propia, sino que ejecutan las políticas gubernamentales para recuperar el orden y la ley, por lo tanto sus acciones tienen una presunción de legalidad inobjetable que no puede ser desechada para afirmar de manera tan simple y falsaria que son actores del conflicto armado.

No fueron las FF.MM. las que iniciaron la agresión terroristas contra el pueblo colombiano, no fueron los partidos políticos tradicionales y representativos de nuestra democracia las que instituyeron la llamada ‘combinación de las formas de lucha’ armada y política para imponer un modelo de Estado, por lo tanto y bajo ninguna argumentación se puede afirmar que Estado y Fuerzas Militares son lo mismo que narcoguerrillas y sus apologistas.

Ahora bien, las FF.MM. han aceptado que algunos de sus miembros, menos del 1% de sus componentes, se encuentren incursos en conductas ilegales y como bien señala el General (r) Harold Bedoya, son hombres que traicionaron el honor militar. No me parece que sea lo más conveniente, porque al militar se le forma para que cuando cometa faltas o delitos responda por ellos y acepte las consecuencias de su conducta", aseguró Bedoya.

Otra cosa es que no haya equidad en la sanción penal, la cual ha sido extremadamente severa contra los militares mientras es laxa a la hora de aplicar la punibilidad a quienes tienen como forma de vida el delito, como señala el General (r) Néstor Ramírez, quien fue segundo comandante del Ejército, considera que si un uniformado comente un delito por "ignorancia invencible" se debería castigar con penas alternativas; pero si lo hace vulnerando los principios militares, le debe caer todo el peso de la ley. "Si han cometido crímenes por razones ideológicas o ignorancia invencible deben pagar una pena y estaría de acuerdo con que sea alternativa, porque no es posible que un criminal pague 8 años por 2 mil asesinatos y un militar por un crimen pague 45", dijo.

La equidad necesaria en la dosificación de las penas, dada la gravedad del delito, no requiere una reforma constitucional, es el poder judicial que a través de la jurisprudencia debe fijar unas políticas claras en derecho.

Ahora bien, como manifiesta el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, el Estado no está facultado para darles tratamiento judicial alternativo a sus propios agentes.  "El Estado no puede amnistiar ni darles tratamiento propio de una justicia transicional a sus agentes, quienes están llamados a garantizar los derechos de los ciudadanos y no a violarlos", afirmó. Si en un afán por alcanzar la paz con las narcoguerrillas, el gobierno quisiera evitar inquietud u oposición concediendo penas alternativas a los militares, los estaría poniendo en manos de la CPI que podría considerar que el Estado omitió sus deberes en materia de protección a los derechos humanos.

Serían las ONG, tan reconocidas en el país por su férrea defensa del narcoterrorismo, las primeras en llevar cualquier caso que involucre a militares a los tribunales internacionales y la capacidad de defensa del Estado a sus servidores ha sido una larga historia de frustraciones pues usualmente quedan abandonados a su suerte.

Por: NestorchiquinquiraS

• PALABRAS CLAVE:
• militares
• justicia
• socialismo
• juzgados

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