Los grandes escándalos de corrupción dan pan y vida a medios de comunicación, comunicadores, políticos, politiqueros, mandatarios, opositores… da para todos y todas a la medida de las pajas en ojos ajenos.

Sin embargo poco o nada se habla de la pequeña corrupción, la que al estilo del prestamista “gota gotero”, le saca al fisco una tajada nada despreciable de más de tres billones de pesos al año (de acuerdo con una encuesta que la Universidad Externado realizó a 530 empresarios en 2011); una corrupción sigilosa y rampante que puede comenzar con una persona que en una ventanilla ofrece agilizar un trámite, hasta llegar incluso al pago de las famosas “coimas” o comisiones para contratar con el Estado.

Muchas son las explicaciones del fenómeno e incluso hay quienes afirman que la corrupción es connatural al ser humano. Nosotros revisaremos hoy solamente uno de los incentivos a la corrupción que a su vez es una talanquera para el ejercicio de la democracia y, aunque no existe un término preciso para definirle, acá le llamaremos "contratacracia".

Por supuesto la contratacracia se denomina, en su acepción más simple, aquel acto en que se reemplaza la democracia con contratos. Pero ¿qué quiere decir esto?

Bien, desde que el modelo de Estado Latinoamericano fue modificado y con él las estructuras político administrativas imperantes, se ha presentado a lo largo del continente una “manera” de garantizar las actividades correspondientes al Estado a través de terceros. En Colombia estas modificaciones se institucionalizan en la constitución política de 1991 y por supuesto renuevan el escenario político electoral y su correspondiente escenario político administrativo.

La contratacracia es, en un sentido más amplio, la practica bajo la que es posible delegar a terceros las actividades estatales más regulares. Pero no se confunda el lector, no hablamos de privatizaciones, liquidaciones o capitalizaciones, siquiera de la generación de nuevos negocios a partir de un aire liberador por parte del Estado (como es el caso de la salud). Se trata de asuntos que atendían directamente las administraciones – especialmente las locales – y que ahora las realizan organizaciones con o sin ánimo de lucro, en cumplimiento de una delegación que es protocolizada a través de un contrato. Puede tratarse de un contrato producto de una licitación o de un proceso directo, no importa, lo importante es que la administración pública insta a otros para que cumplan sus funciones.

El supuesto que fomenta esta práctica se encuentra en la ya mencionada reforma del Estado. Después de las crisis de los setenta y la debacle de los ochenta en América Latina, se piensa que los males económicos de nuestra sociedad está en aparatos político administrativos gigantescos que hacen de todo pero de manera muy ineficiente, es decir lenta, y bajo el mandato de burocracias corruptas. No se habla tanto de ineficacia, es decir, no se pone en la mira el cumplimiento o no de las actividades.

Vamos a poner algunos ejemplos. Antes del cambio de modelo de Estado en Colombia existían entidades que diseñaban, corregían, construían y reconstruían las carreteras colombianas; luego de la reforma el Ministerio de Transporte licita los diseños, construcción y reconstrucción de fragmentos de carreteras. ¿Cuánto dinero se ha ahorrado la Nación colombiana por ese cambio? O podría decirse ¿cuánto dinero de más se ha gastado la Nación colombiana por ese cambio?

Es de expertos defender o rehusar de uno y otro sistema. Lo cierto es que en democracias clientelistas como la nuestra y aparatos públicos tan débiles y corruptos como el nuestro, el resultado ha sido la cruda realidad de carteles de contratación o desviación de recursos para obtener poder político, como en algunos casos de las ayudas para mitigar los estragos de la ola invernal.

Pero como señalábamos al principio de este escrito, lo evidente es lo grande, lo pequeño pasa desapercibido.

Un ejemplo de lo pequeño en términos de contratacracia lo encontramos este diciembre en Bogotá. Desde que se inaugura la iluminación navideña, uno de los mejores planes decembrinos, de propios y extranjeros, es el de salir a disfrutar de dicha iluminación por los diferentes escenarios dispuestos en la ciudad para este fin. En 2011 uno de los recorridos más prometedores era el del parque metropolitano Simón Bolívar que por sus características atrae a grandes y chicos por su inmenso espacio y por la combinación de elementos naturales.

Pues bien, como todo espacio público se trata de un lugar abierto a todos y todas las personas que quieran disfrutar de un momento de entretenimiento a juicio propio; se espera el acceso ilimitado de todos quienes quieran realizar esta actividad, por supuesto privilegiando a quienes más disfrutan de la navidad: los niños y niñas. Sin embargo la imagen recurrente en este parque fue la de la cara entristecida de infantes que eran devueltos en la puerta del parque. ¿Qué sucedía?

Bien, el cambio de modelo y la contratacracia en acción. El distrito contrata una empresa que se haga cargo de la “administración y/o montaje” del evento – hasta aquí todo bien – pero pone como requisito que al mismo debe ingresar un mínimo de personas – hasta aquí más o menos bien porque este es un requisito de control que no en todos los casos aplica, en este por ejemplo no lo haría por ser de sentido común – y ¿cómo logra una empresa saber cuántas personas ingresan a un parque como el Simón Bolívar? Pues poniendo como requisito de entrada una boleta. Y ahí está el motivo de las caras largas de los más pequeños. Aunque la boleta fuera gratis, aunque se pudiera imprimir por internet, aunque se hubiera hecho difusión del prerrequisito… lo cierto es que el espacio público, el disfrute común del mismo, el ejercicio democrático de compartir un tiempo y lugar con otros independientemente de su condición social, ideológica, religiosa, étnica, etc. Solamente era posible si se tenía una boleta.

Ya nos imaginamos las familias enteras que disfrutando de su semana de vacaciones vinieron a la capital y que no pudieron ingresar al parque porque no tenían boleta, que es casi lo mismo que decir que su derecho a la libre locomoción, simplemente se suscribe al cumplimiento de una meta contractual.

Como este, miles de ejemplos de contratacracia se ven a diario en las administraciones públicas de todo nivel en Colombia, el anterior solamente es uno que nos muestra lo banal y fútil que resulta la discusión mediática sobre la garantía de nuestros derechos cuando en realidad dependemos de quien ejecuta los recursos para materializarlos.

Tenemos planes de desarrollo grandilocuentes que inflan el pecho de técnicos y políticos y que al final terminan en planes de contratación donde las personas somos metas y nuestros legítimos derechos se cuantifican en dinero y no en bienestar. Nos obligan a participar porque a alguien le parece que un contrato de participación debe llevar por lo menos a cien personas a un taller; obligan a que los contratistas recolecten firmas en cada esquina porque hay que demostrar que al menos ochenta personas escucharon una información; nos obligan a imprimir una boleta para ir al parque porque se debe saber cuántos van a ver los árboles iluminados.

Iluminación la que le falta a quienes creen que así se consigue incentivar la ciudadanía para construir sociedades admirables, para participar, para democratizar. Iluminación les pedimos a todos y todas para que en esta apertura de año, estrenando gobiernos, abramos los ojos y exijamos ser tratados en democracia y no en contratacracia.

Por: Gobierno y Sociedad

• PALABRAS CLAVE:
• democracia tecnocracia

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