

Luego del inusual invierno padecido por el país, uno esperaría una mayor inversión en zonas y proyectos que eviten que se repitan esas calamitosas imágenes de los últimos dos años. Y uno pensaría, siguiendo con el tema de las inundaciones, que en los $8,2 billones de los recursos de regalías de este año tendrían prioridad proyectos como la Rehabilitación del sistema natural de control de inundaciones que constituyen los humedales y ciénagas de la Depresión Momposina y La Mojana, capaces de albergar y regular todo el exceso de agua de las cuencas del Cauca y Magdalena. Sería una solución estructural a las inundaciones que beneficiaría desde el interior del país hasta los municipios del norte del Caribe, con un efecto multiplicador sobre los demás ejes de desarrollo y la disminución de los costos de atención de desastres.
No obstante, según el Decreto 4950 de 2011, de los $758 mil millones priorizados en el eje ambiental del Sistema Nacional de Regalías para el Caribe, $689 mil millones, es decir el 91%, se destinaron a la “descontaminación” de los caños de Barranquilla y en el 2012 ya amarraron la mitad de los recursos asignados. Más allá de las discusiones sobre la solución técnica al tema de las inundaciones, ¿Será que la “descontaminación” de los caños de Barranquilla tiene efectos estructurales sobre el medio ambiente de la región Caribe? ¿Será que aminorará el riesgo de las inundaciones en el resto de Colombia? ¿Será que alguien considera que esto es correcto o ético?
Otra idea que a uno se le ocurre es que los recursos de regalías se dirijan a proyectos en los municipios más pobres, que fue el principal argumento del gobierno Santos para quitarle las regalías a los municipios y departamentos productores. No obstante, apenas el 7% de los $8,2 billones ($521 mil millones) fue focalizado directamente a esos municipios pobres y la mayor parte, el 28% ($2,2 billones) serán de manejo de las respectivas Gobernaciones, fijas en los respectivos Órganos Colegiados de Administración y Decisión sobre los proyectos a financiar y con el manejo directo de fondos receptores de recursos como los planes Departamentales de Agua.
El principal criterio de distribución de los Fondos de Desarrollo Regional – FDR -, Compensación Regional – FCR y del Fondo de Ciencia y Tecnología es el nivel de pobreza de los municipios. Pero el Decreto 4923 de 2011 no obliga a su inversión en esos municipios pobres por lo que también podrían acceder a ellos las ciudades capitales sedes de las respectivas gobernaciones, con una obvia ventaja política y técnica sobre los alejados municipios de las periferias. Ya hay ejemplos de esta aberrante situación en otras bolsas comunes como las transferencias del Sistema General de Participaciones, donde Santa Marta, con nivel de pobreza del 29%, termina recibiendo más recursos gracias al promedio de pobreza departamental del 47%. O las desiguales bolsas comunes de los Planes Departamentales de Agua donde la administración de los recursos, y por ende los primeros proyectos, son para las ciudades capitales. Alguien podría justificar esa aberración de gasto público con el argumento de que Santos no dijo cuál pobreza iba a disminuir: si la de los pobres para que fuesen menos pobres o la de los ricos para que fuesen más ricos.
Y parece que el Gobierno ya escogió la segunda: “Ante el rechazo que ha generado entre los samarios el cobro de la contribución de valorización, el ministro de Transporte, Germán Cardona, propuso que en lugar de este tributo se acuda a los recursos de regalías. El Ministro señaló que el Magdalena recibirá que en los próximos ocho años más de 900.000 millones de pesos por regalías para inversión, el Atlántico más de 800.000 millones y Bolívar un poco más de un billón, dineros que deberán ser destinados a la construcción de la doble calzada Santa Marta - Barranquilla – Cartagena (El Tiempo, enero 15 de 2012)”. Lo dicho, la pobreza de los pobres financiando las obras y los impuestos de los ricos, todo lo opuesto a un modelo de focalización y subsidiariedad.
Alguien podría justificar lo anterior diciendo que la doble calzada Cartagena- Barranquilla-Santa Marta servirá para que los habitantes de la Depresión Momposina y La Mojana disfruten de mejores vías cuando vayan a hacer mandados o a pasear a sus hermosas capitales del norte. Es parecido al editorial de El Heraldo para justificar el “golazo” de los $50 mil millones (el 50% de las regalías asignadas al eje Cultura y Turismo) para la construcción del Centro de Exposiciones y Eventos del Caribe en Barranquilla- CEEC: “El CEEC es un proyecto de impacto regional e inclusive nacional. (…) Quienes asistan a los eventos de otros lugares del mundo irán con seguridad a Cartagena y Santa Marta, entre otros sitios turísticos de la Región, como ha sido ya probado por la industria del sector”. No obstante por si acaso, Cartagena aseguró $135 mil millones para su Centro de Eventos y Ferias de Cartagena. Llama la atención que ambos proyectos fueron priorizados en las mesas de Valledupar, respecto a las cuales el CEEC de Barranquilla obtuvo $91 mil millones adicionales. Eso muestra la buena capacidad de gestión de la Santísima Trinidad (Santa Marta-Barranquilla –Cartagena) cuando de proyectos locales se trata.
Pero lo anterior es apenas la punta del iceberg. Los municipios pobres no tendrán como acceder al Fondo de Ciencia y Tecnología porque la capacidad de investigación esta instalada en los centros urbanos como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali y Manizales, que albergan más del 70% de los investigadores del país mientras en la Depresión Momposina no existen Universidades ni centros de investigación. Alguien podría apuntar que muchos de esos estudios ayudarán a determinar las causas de la pobreza de los pobres que, al no mandarles recursos, serán más pobres y así generarán más plata para estudiar las causas de su pobreza por parte de los ricos. El círculo malvado de la pobreza.
Y los goles no paran. En el eje de infraestructura del Decreto 4950 de 2011 se incluyeron vías como la Transversal de la Depresión Momposina (proyecto ya contratado con recursos de concesión de la ruta de Las Américas) y El Banco- 4 vientos (ya pavimentada) por lo que en vias la Depresión Momposina queda también por fuera de este eje y el viejo Puerto fluvial de El Banco deberá disputar los $60 mil millones, asignados para puertos marítimos y fluviales, frente a las poderosas Sociedades Portuarias de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, entre otros puertos.
Las alarmas se prendieron el año anterior en las mesas de priorización de proyectos con regalías que adelantaron los Gobernadores en Valledupar, donde el único proyecto específico identificado para la Depresión Momposina fue el “Museo del hombre anfibio” en Mompóx. Debe ser que los Gobernadores piensan solucionar nuestras inundaciones dándonos la capacidad de vivir con el agua al cuello para siempre. Parece un chiste pero no lo es y simplemente muestra la falta de preocupación y conocimiento de los sures del Caribe por parte de sus Gobernadores y el costo de no tener poder de decisión con su propia Gobernación en esas mesas. Y, por supuesto, los ejecutores identificados en esas mesas priorizaban a los privados y a las Gobernaciones.
Apenas hemos mencionado algunos casos específicos donde las ciudades capitales ya aseguraron la mejor tajada de las regalías liquidadas con la pobreza de los municipios pobres, gracias al poder de sus Gobernadores en las mesas de identificación de proyectos. No hemos tocado la tajada que recibirán las empresas privadas (también ubicadas en las capitales) en aquellos programas de competitividad que deberían ser financiados con recursos privados. Ahora falta esperar la repartición de los programas generales que dependerán del “sano juicio y proporcionalidad” que las Gobernaciones hasta ahora no han mostrado.
El tiempo apremia. Por ello los alcaldes de los municipios de esas subregiones pobres, como La Mojana y la Depresión Momposina, deben conformar un frente común para:
· Anticiparse por su propia cuenta a la identificación de proyectos para los programas generales aún no especificados y generar una línea directa con los órganos de decisión.
· Manifestar en forma oficial al Gobierno Nacional la necesidad de que en el inmediato futuro se focalicen y asignen en forma específica los proyectos para los municipios más pobres y que el control se haga sobre el manejo de los recursos y la ejecución de los proyectos (por ejemplo que el gobierno contrate y gire a los contratistas), que para eso el Gobierno se apropió $331 mil millones para la administración del Sistema.
· Insistir en el necesario reordenamiento territorial que agrupe municipios en entidades más homogéneas como el nuevo Departamento en la Depresión Momposina, que les otorgue poder de decisión, permita una justa y mejor distribución cuando se use la pobreza como criterio de reparto, se ajuste el sistema de distribución de recursos del gobierno y donde cualquier proyecto subregional impactará positivamente a cualquiera de sus municipios. Lo que hoy no ocurre con Magdalena y Bolívar.
Sólo de ellos depende. La academia y los medios de comunicación radicados en esas capitales no van a pronunciarse sobre la injusticia cometida y aquella por cometer. Así de cruel es el mundo. Pero alguien podría decir que no es así.


