JUSTICIA, ¿TODA PERSONA TIENE SU PRECIO?

Por: Luis Eduardo Solarte Pastás

El expresidente Darío Echandía dijo en su momento que “Colombia es un país de leyes”, al referirse a que para la solución de cualquier problema que surge se piensa de inmediato en la expedición de una ley que busque prevenirlo y remediarlo, sin que en realidad se logre cumplir a cabalidad con esos objetivos.
Esa sentencia con el transcurrir del tiempo en nada ha variado.

Para combatir todos los males y flagelos que hoy aquejan a la sociedad, se han realizado reformas institucionales con la expedición de toda una amalgama de leyes y códigos tendientes, supuestamente, a investigar y sancionar a todos aquellos que incurran en una conducta punitiva y a quienes hacen caso omiso de los compromisos civiles, laborales, comerciales, familiares, entre otros, como una forma ejemplarizante para que los demás no se atrevan a transgredir el ordenamiento jurídico que dizque sirve de sostén a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, en aras de que se pueda tener así una normal convivencia humana.

Sin embargo, con suma preocupación los colombianos hemos visto que toda la cantidad de códigos que contienen las normas y los procedimientos, los mecanismos y los recursos de todo orden para que haya una pronta y efectiva aplicación de justicia, se quedan simple y llanamente en letra muerta y sirviendo de caldo de cultivo de la impunidad. Razón por la cual hace que la gente exclame que al país ya no le va quedando sino la justicia privada, que la violencia es más que explicable y va siendo el único remedio.

Y como una justificación a la impunidad se ha vuelto una costumbre afirmar, por ejemplo en materia penal, “que hay demasiados negocios, muy pocos jueces, fiscales, escaso personal auxiliar, insuficiente presupuesto, que no aparecen denunciantes y testigos y que hace falta la plena prueba”. Todo esto en cierta medida puede ser cierto, pero lo que en verdad ha faltado para que haya justicia sin vacilaciones y con responsabilidad es que cada uno de quienes trabajan al servicio de la justicia “se pongan a la obra, que tengan conciencia de la situación del país, que perciban y vivan la dimensión política e histórica de su papel en la vida nacional y en la coyuntura en que nos encontramos”.

Bajo esa perspectiva, principalmente, los fiscales y los jueces de Colombia pueden hacer más por su patria y por sus compatriotas con las mismas herramientas de hoy si adoptan otra actitud, otro sistema, otra metodología; si realmente se ponen en función de emergencia nacional en que todos vivimos, dejando atrás el burocraterismo, marasmo, indolencia e insolidaridad del aparato judicial con el país.

Frente a la forma como en el territorio nacional se está aplicando la justicia penal por fiscales y jueces, con suma tristeza podemos decir que hoy en día bajo el Sistema Penal Acusatorio lo único que se ha logrado es que la culpabilidad o la inocencia, y la duración de las penas sean objeto de canje o de trueque.
En un comienzo se creyó que con el nuevo Sistema Penal, mal copiado de lo que existe en los Estados Unidos, se iba a luchar de frente contra el delito en todas sus manifestaciones, pero nada de nada. Lo único que se logró fue traer de los gringos el inmoral y corrosivo principio según el cual “toda persona tiene su precio” para que con él se pretenda hacer justicia. Y esto es lo que se está observando a diario en Colombia..

Salvo algunas excepciones a estas alturas, hay fiscales que no investigan a fondo por pereza y jueces que no piensan, ni mucho menos analizan las normas al momento de aplicar justicia. Unos y otros han caído en el facilismo, pues les parece más “productivo” acogerse al trueque jurídico para justificar su “eficiencia”; en tanto que el país sigue su incontrolable curso hacia el más profundo abismo de la impunidad ante la mirada estupefacta de quienes anhelan día tras día que por fin haya justicia y esta deje de ser cada vez un simple suspiro al viento…

solarpastas@hotmail.com

Por: Luis Eduardo Solarte Pastás/

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