27 de Noviembre de 2014
19 Febrero de 2013 | Denuncias | (Colombia)

La abogacía colombiana

La abogacía colombiana
Foto:www.google.com

Colombia siempre ha tenido el prestigio de ser una república de leyes. Incluso se ha hablado de que Bogotá era la Atenas Suramericana calificativo que tenía que ver bastante con que sus juristas eran a la vez escritores, pensadores, filólogos, filósofos y dirigentes. Pero como en el cuento “había una vez”.

Poco a poco a lo largo de muchos años se dio un proceso de pauperización de esa profesión. Ese procedimiento ha sido aplicado en varios frentes. Por una parte la flexibilización de los programas académicos de Derecho, luego las modificaciones al estatuto para graduación que antes fue de muy serios exámenes preparatorios, luego fueron cursos de especialización, años de práctica y hoy es algo de eso, pero más suave. Se incrementaron las facultades de Derecho, de dos o tres que se distinguían por su tradición fueron creciendo su número, algunas excelentes, otras no tanto y de seguir habrá facultades de Derecho en todos los municipios de Colombia.

Se incrementó el número de abogados y hoy por hoy pareciera que en cada familia hay uno. En 1980 había treinta mil abogados ahora en el 2013 hay doscientos cincuenta mil, un incremento de casi el 750%. Al proliferar ha caído necesariamente la calidad. La competencia es feroz y el Estado por su parte hace la tarea encaminada hacia la inestabilidad jurídica.

El Estado de Derecho colombiano penetró en una senda de inestabilidad asombrosa. Algunos estudiosos afirman que en Colombia hay más de un millón de normas jurídicas. Todos los días se están cambiando, hay una fiebre por estar mutando. Se derogan códigos, se vuelven a derogar los nuevos, no comienzan a regir las disposiciones cuando ya vienen otras diciendo lo contrario.

Por ejemplo del reciente Código General del Proceso ( CGP) que no ha comenzado a regir en todo su rigor, ya aparecen algunos jueces aplicando novísimas normas posteriores que dejan inoperantes algunas disposiciones que no se han estrenado aún. Hace un tiempo un presidente del congreso estaba muy ufano porque en una legislatura el poder legislativo había aprobado quinientas nuevas leyes, todo un atentado contra el Estado de Derecho.

Unos pocos meses han pasado desde que se debatió una reforma de la justicia que fue útil para desnudar este desajuste social. Dicha reforma no solucionaba ninguno de los problemas que todos los días se soportan en los juzgados y tribunales de toda índole, pero quienes tenían que hablar porque conocen esa cruda realidad – hablo de los magistrados – estuvieron callados porque se les había silenciado con algunas ventajas muy específicas: Ampliación de la edad de retiro, cosas así. Increible cuando hay tantas cosas que sí deben ser reajustadas.

Como ninguna de las autoridades que manejan este sector ha querido tomar el toro por los cuernos, el caos va haciendo carrera y en verdad ya hay pánico entre algunos litigantes que comprenden que el poder central no tiene interés alguno en el Estado de Derecho o quizá no entiende su importancia. Hay circunstancias que se están generalizando. Es común que basados en el principio de la independencia se encuentren curiosas situaciones: En un juzgado se dicta una sentencia y en el juzgado de al lado se dicta otra que dice lo contrario, pero examinados los hechos, las pretensiones, las pruebas, los fundamentos de Derecho, todo es igual.

Nadie entiende entonces que el Derecho permita legalizar ese tipo de injusticias. Quienes no son abogados censuran estas posiciones jurídicas y sube como la espuma la crítica generalizada en contra de todo el gremio, jueces, magistrados, litigantes, tratadistas, etc. Que eso ocurra frecuentemente y que no haya ninguna política para que el poder judicial no incurra en estas malas prácticas o desviaciones del concepto de independencia, desdice de la abogacía en general. El Estado de Derecho que se gestó en un lapso de varios siglos intentaba darle brillantez a la judicatura, lo cual no se ha logrado en Colombia en donde muchos creen que litigar es imponer la conducta indecorosa para ganar el litigio, lo cual deteriora la imagen - que debiera ser integérrima – de la justicia.

La realidad es – simplemente – que el Derecho da para todo. Sobre un mismo aspecto puede haber criterios diferentes. Un brillante asesor que emite conceptos sostiene que para hacer su trabajo de consultoría, pregunta previamente en qué sentido se quiere la opinión y acomoda la argumentación al gusto del cliente.

Se observa que hay universidades que no seleccionan muy bien el alumnado. Entonces a la vuelta de los años de su seno emergen varias categorías de abogados. Está el abogado a quien no le gusta leer ni escribir pero que habla como animador de circo ya que ha aspirado a esa profesión porque usando el hablar tiene posibilidades como político ( echar discursos, prometer, etc. ).

Está el que quiere el diploma para llegar a ser juez y pensionarse ( esto no generaliza y no significa que no haya brillantes togados). Está el que quiere ser litigante para hacer dinero ( eso no es malo ) y el que trabaja por este objetivo pero sin detenerse ante consideraciones de carácter ético y moral. Y está el estudioso, que ejerce el litigio profundizando en los conceptos, conociendo tratadistas, penetrando en la normatividad pero que se estrella con que en los juzgados no siempre gana el que domina el Derecho y en que la clientela no paga muy bien al estudioso sino al que tiene habilidades para manipular las normas en su favor. Hay más subdivisiones pero bastan estas, como muestra elemental.

Sin embargo, la culpa no es de los abogados porque este gremio nunca ha participado en ninguna comisión, en ningún debate para opinar sobre que habría que hacer para reestructurar la profesión. Las asociaciones de estos profesionales no son escuchadas porque no son representativas. Hay múltiples reformas o derogaciones de códigos y en esa tarea nunca se ha invitado a los abogados litigantes que son los que sufren las falencias de este sistema. El Estado debiera preocuparse por generar una política para pretender contar cada día con un mejor cuerpo de abogados para que su Estado de Derecho sea más eficaz. No lo entiende así y por ello no ha tenido iniciativa cierta para darle una dinámica a esta profesión. A lo sumo hace cambios al régimen disciplinario incluyendo más fuertes sanciones y en eso se queda.

Dice Paul Johnson en su libro “La Historia del Cristianismo” que los fariseos eran en su gran mayoría abogados. Astutos en el manejo de las formas y poco profundos en lo sustancial. ¿ Será que esa característica en lugar de amainar fue creciendo ? No se sabe. Lo concreto en el caso colombiano – no me comprometo con lo que se produce en otros países - es de debilidad del Estado de Derecho.

Desafortunado el país porque no hay dirigentes que quieran de verdad promover la transformación de la abogacía pero que no sea únicamente - como dije antes - emitiendo un nuevo estatuto disciplinario que aumenta los castigos para quienes ejercen la litis, sino haciendo ese viraje que hoy por hoy es tan necesario para replantear el Estado de Derecho, precisamente ahora que se firman tantos TLCs, porque lo primero que miran los empresarios de nivel internacional es la estabilidad jurídica - trascendental para la seguridad de sus negocios - incluyendo en ese examen la normatividad, los juzgados, los litigantes y las facultades de Derecho, aspectos que integran lo que sí debe reformar la justicia. Perdón. . . ¡ no hablo más porque tengo que conocer un decreto que acaba de entrar en vigencia ¡ .

 

Por: Jorge Enrique Acevedo Acevedo/

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