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Buen Futuro cambió para empeorar

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El Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, ordenó la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE EN LIQUIDACION -, habida cuenta los ingentes problemas de gestión que amenazaban la prestación eficaz y eficiente del servicio público de la Seguridad Social en pensiones, amén de los escándalos de corrupción administrativa y la cascada de tutelas que colocaron en peligro su funcionamiento.

A renglón seguido, la Corte Constitucional por Auto 243 de julio 22 de 2010, en desarrollo de lo dispuesto en la sentencia T-1234 de 2008, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en CAJANAL EICE EN LIQUIDACION, reiteró la declaración de la figura antes dicha, y concedió patente de corso para que la entidad encargada de resolver las pensiones de gran parte de los trabajadores al servicio del Estado, so pretexto de ampararse en unos términos que soslayan de lejos lo dispuesto por el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo (términos para resolver), dilatan de manera incontrolada la respuesta a las miles de peticiones que reposan en sus anaqueles.

Por el contario, lo que se observa en los trámites de solicitud de pensiones cuyos términos autorizados cuenta ahora con un tope máximo de diez (10) meses, es que CAJANAL, utilizando antiguas artimañas y estrategias, supera esos términos y obligan a los usuarios a interponer acciones de tutela que aunque tienen eco en los jueces de la República, que amparan el derecho de petición y adelantan el incidente de desacato, de manera rampante desconocen las órdenes judiciales.

A lo anterior se añade que cuando son por fin resueltos los asuntos, como política sistemática de CAJANAL, no liquidan conforme a la Ley, valga decir, si bien reconocen el régimen de transición de que habla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dejan de lado los regímenes especiales, que como en el caso de la Rama Judicial, en tratándose de un sector de trabajadores antiguos, deben remitirse al Decreto 546 de 1971, cuyo artículo 6º ordena liquidar sobre el 75% con base en la remuneración más alta devengada durante el último año de servicio, teniendo en cuenta las doceavas partes de todos los factores de salario, en tanto que interpretan de forma amañada que dicha liquidación sólo debe hacerse sobre el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, con el ostensible perjuicio para los beneficiarios de la aludida prestación.

Ese comportamiento absurdo y malintencionado, obliga a que los potenciales aspirantes a una pensión de vejez se vean obligados a demandar al Estado, pues claro está que existen suficientes precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado quienes en temas pensionales han sentado los verdaderos criterios para resolver dichas solicitudes. Sin embargo, reitero, ha sido y es política de CAJANAL, reconocer las pensiones a cuenta gotas, desgastando a los pensionados, dado que muchos de ellos por su avanzada edad y por el desconocimiento de la Ley, en muchos casos no reclaman sus derechos.

Pero lo más doloroso e infame, son las largas colas a la intemperie, de 4 y 5 horas, que deben padecer los inermes e indefensos pensionados que se apostan frente a las instalaciones de BUEN FUTURO en Bogotá, sumado a la presencia de hombres y mujeres de todos los rincones del país, dado que no está descentralizado el servicio, provocando y ocasionando enfrentamientos con agentes de la seguridad de la entidad, merced al tratamiento inhumano y displicente que se allí se recibe, ante el silencio cómplice del Liquidador de CAJANAL y los señores de BUEN FUTURO, dando la inocultable impresión de queen efecto “BUEN FUTURO cambió para empeorar”.

Todo el grueso de pensionados que día a día son objeto de atropellos e irrespetos por parte del Estado, demandan hoy de los sindicatos, Fenaltrase y las Centrales Obreras, que tomen cartas en el asunto y sirvan de intermediarios ante el Ministerio de la Protección Social, a fin de que se implementen los correctivos necesarios en cumplimiento de la ley y se otorgue un trato digno a todos aquellos que durante décadas prestaron un servicio caro y denodado a la Nación.