25 de octubre de 2014
14 Mayo de 2011 | Denuncias | Puerto Wilches (Colombia)

Puerto Wilches: Entre la inmundicia y la corrupción

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Periódico Portada
Calles de Puerto Wilches Calles de Puerto Wilches Calles de Puerto Wilches Calles de Puerto Wilches
Calles de Puerto Wilches
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Calles de Puerto Wilches
Calles de Puerto Wilches

Mientras el pueblo nada en aguas estancadas, calles destruidas y olores nauseabundos, pequeños Carteles de la Contratación hacen de las suyas con el presupuesto municipal; a la par, el Alcalde oculta los procesos licitatorios y contractuales, no atiende a la comunidad, dilapida las regalías petroleras permanece más en Bucaramanga que en el Municipio.

La Contraloría General de la República en una auditoría sobre la inversión de las regalías petroleras en Santander, descubrió 36 presuntos hallazgos administrativos en el manejo irregular de estos dineros en el municipio de Puerto Wilches. La Gerente de la seccional del ente de control, Carmen Leonor Rodríguez, aseguró que no se sabe en que se invirtieron $1.450 millones provenientes de las regalías en ese Municipio.

Nadie entiende por qué, Puerto Wilches, (con cerca de 50 mil habitantes) que maneja altos recursos públicos por regalías petroleras, por impuestos que pagan las empresas palmeras, ingresos de industria y comercio, predial y complementarios, atraviesa una crítica situación social, donde sus calles, su muelle fluvial, el hospital, las escuelas y la misma sede de Gobierno muestran una desastrosa presentación física; mientras tanto su Alcalde, Nelson Rodríguez Pinzón, firma contratos con serias monstruosidades legales y permanece más tiempo fuera del casco urbano y cuando está en el Despacho no atiende a las comunidades.

El comportamiento del burgomaestre ha llevado también a que los habitantes de por lo menos tres zonas rurales no quieran pertenecer más a esa jurisdicción y procuren anexarse a Sabana de Torres, mientras que los residentes en el Corregimiento Puente Sogamoso quieran también alejarse en lo administrativo de Puerto Wilches, para convertirse en nuevo Municipio.

No solo la Contraloría General de la República halló presuntos hechos corruptos cometidos por el Alcalde de Puerto Wilches, Nelson Pinzón Rodríguez. Este periódico, en dos visitas al segundo puerto santandereano sobre el río Magdalena se encontró con otros hechos dignos de ser investigados por la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y la propia Auditoría General de la Nación.

En desarrollo de una auditoría, adelantada por la Contraloría General de la Nación para conocer el manejo de los recursos que por regalías petroleras recibe el Municipio, se conoció que en por lo menos 36 casos distintos hay presuntos malos manejos, que involucran al Alcalde y varios de sus funcionarios más cercanos y que los llevaría a responder ante la justicia penal, administrativa y fiscal.

Para la Contraloría, el Alcalde tiene que responder por 8 hallazgos con presunto alcance fiscal por $386’960.000, 3 aperturas de Indagación preliminar por la suma de $1.190’000.000, 19 hallazgos con presunto alcance disciplinario, 4 con presunto alcance penal y la apertura de 3 procesos sancionatorios, los que fueron trasladados a las instancias competentes. De igual forma se presentan beneficios del proceso auditor por $33’100.000.

INGRESOS POR REGALÍAS

Puerto Wilches, después de Barrancabermeja, es el Municipio de Santander que más regalías recibe por producción y transporte de combustibles.

En la vigencia 2009, $14.276’000.000, recibió por concepto de regalías directas, de los cuales el 54,2% corresponden a los giros realizados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por producción, el 3,62% de carga, descarga y cabotaje, el 1,95% por Impuesto de Transporte girado por TGI y Transoriente, el 39,33% adicionado como Recursos de Balance por menor inversión en el año anterior, y el 0,90% por Rendimientos Financieros de Regalías.

DILAPIDADOS RECURSOS DE REGALÍAS

El manejo de los dineros que proceden de las regalías por hidrocarburos, ‘es sagrado’ y deben utilizarse tal como dicen las normas legales, sin embargo en el manejo de estos el Gobierno de Puerto Wilches, “no priorizó la gestión hacia los sectores que presentan indicadores por debajo de las coberturas mínimas exigidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que permitieran garantizar mejores condiciones de calidad de vida y solución de necesidades básicas insatisfechas, especialmente en el sector rural del Municipio”.

Según lo anterior, Puerto Wilches en el Gobierno del Alcalde Pinzón Rodríguez, ha ejecutado los recursos de regalías sin cumplir ninguna planeación estratégica institucional que tiene que ser estructurada y coordinada entre las áreas misionales, ni los soportó con instrumentos de medición y seguimiento oportunos y objetivos y, la planeación presupuestal fue modificada sin justificaciones técnicas o legales, lo que produjo impacto negativo en la eficacia y eficiencia de la gestión realizada con dichos recursos; con este proceder, el Alcalde y sus funcionarios incumplen la Ley Orgánica de Planeación 152 de 1994 y la Ley Orgánica de Presupuesto, compilada en el Decreto 111 de 1996.

NIÑEZ ABANDONADA

El Alcalde de Puerto Wilches, Nelson Pinzón Rodríguez, no cumplió en el 2009 con las coberturas mínimas en mortalidad infantil, acueducto y alcantarillado; tampoco priorizó las inversiones a estos rubros y por el contrario, ejecutó gastos en proyectos atomizados y de bajo impacto social en el rubro denominado “Otros Sectores”.

En este aspecto, el Municipio destinó el 66,2% en ‘Coberturas Mínimas’ y el 28,8% en “Otros Sectores”, con lo que incumplió los niveles de inversión que exige la Ley 756 de 2002 en su Artículo 14, con lo que afecta la calidad de vida y bienestar social de los habitantes de la jurisdicción.

Según la Ley 1283 de 2009 en su Artículo 1, obliga a los Municipios a destinar, como mínimo, el 1% de los recursos de regalías “a Proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria para lo cual suscribirán convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-“., sin embargo, el Municipio de Puerto Wilches no apropió los recursos para estos fines, ni suscribió Convenio alguno con el ICBF, debido a la ‘torcedura de cuello’ que ese Gobierno le hace a la planeación estratégica y la ejecución del Presupuesto, lo que va contra la calidad de vida y bienestar social de los wilchenses y de paso contraviene los objetivos propuestos por el Gobierno nacional con recursos de Regalías.

Esta investigación debe ser adelantada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, pues existe un presunto hallazgo disciplinario.

La misma Ley 1283 de 2009 en su artículo 1 establece que “… Mientras las entidades municipales no alcancen coberturas mínimas en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, asignarán por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus participaciones para estos propósitos. En el Presupuesto anual se separarán claramente los recursos provenientes de las regalías que se destinen para los anteriores fines.”

Aun cuando el Municipio no cumple las coberturas mínimas en mortalidad infantil, acueducto y alcantarillado, el Alcalde Pinzón Rodríguez no priorizó el gasto hacia los sectores que exige la Ley y por el contrario ejecutó gastos en exceso del permitido en otros sectores.

NO PUBLICA SUS ACTUACIONES

Como una manera concordante entre lo antes denunciado y sus actuaciones, el Alcalde Pinzón ha omitido en reiteradas oportunidades el deber legal de dar publicidad a los procedimientos y actos asociados a los Contratos de menor y mayor cuantía suscritos por la entidad, no solo durante la vigencia 2009 sino a través de su presencia como Alcalde, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP; en flagrante violación a los principios de ética pública como transparencia, igualdad, equidad, publicidad, entre otras, sustituye esta obligación mediante la publicación de algunos actos en carteleras de la entidad omisión que limita el libre acceso a la información y participación de los posibles proponentes.

De igual manera la Administración municipal de Nelson Pinzón Rodríguez durante el 2009 no cumplió con la publicación de los contratos COP-002 y COP-074 en la Gaceta municipal, lo que no dejó que el Municipio percibiera ingresos por $1’800.000, situación que sucede por falta de diligencia e irresponsabilidad del actual Gobierno local para establecer, de manera oportuna, instrumentos efectivos de publicidad de los contratos. En ese Gobierno, el 96% de los procesos de contratación durante el 2009, se llevaron a cabo con un solo proponente, con lo que vulneró los principios de pluralidad, transparencia y libertad de concurrencia. Este hecho tiene presuntos alcances fiscal y disciplinario, investigaciones que corresponden ser tomados por la Contraloría y la Procuraduría.

CARTELES DE LA CONTRATACIÓN

Al proseguir con este trabajo de investigación, se evidencia cómo el Gobierno del Alcalde, Nelson Pinzón Rodríguez, firma contratos con objetos repetitivos, con reducido y repetido número de contratistas, contratos adjudicados en lapsos cortos de tiempo entre un contrato y otro. Aquí algunos ejemplos:

Adjudicó 18 Contratos entre 3 Contratistas, por valor de $244'900.000, cuyo objeto fue: "Estudios y diseños de preinvesión en infraestructura educativa. (En diferentes sitios del Municipio)".

Otros 10 Contratos entre 6 Contratistas, valorados en $137'100.000 con el objeto de "Elaboración de estudios y diseño de pre inversión en infraestructura de saneamiento básico para el sistema de alcantarillado sanitario. (En diferentes partes del Municipio)".

Y, 10 Contratos entre 3 Contratistas, por valor de $1.237'100.000 para "Suministro de material de recebo y material seleccionado (sub base granular) para drenar cunetas de aguas lluvias y negras para el mejoramiento del acueducto y alcantarillado en el Municipio de Puerto Wilches. (En diferentes barrios del casco urbano del Municipio)".

En el cuadro se aprecia la concentración de contratos entre personas que licitan como persona natural y al mismo tiempo como personas jurídicas, todo permitido a sus amigos por el Alcalde Nelson Pinzón Rodríguez.

Lo anterior da como resultado que se presenta alta concentración de contratistas durante la vigencia auditada, toda vez que de 283 contratos celebrados por el Municipio durante la vigencia 2009 con recursos públicos, 133 que representan el 47% fueron asignados a 10 contratistas 7.

Este hecho se origina en deficiencias de la planeación municipal que elude las sanas prácticas legales de la contratación mediante licitación pública y selección objetiva del contratista, lo cual repercute en excesiva atomización de la contratación en pequeños proyectos y limitada participación de oferentes, con bajo impacto social y regional, con resultados ineficaces de difícil seguimiento y evaluación por parte de los organismos de control. Hallazgo con presunto alcance disciplinario y penal.

URGENCIAS MANIFIESTAS MENTOROSAS

De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, el Alcalde Pinzón acudió a las vías de excepción del proceso licitatorio, donde adoptó distintas modalidades para la Contratación directa, para suscribir los proyectos que representaron el 44,07% de lo ejecutado en la vigencia, tales como la Urgencia Manifiesta para construir el Plan Maestro de Alcantarillado por $11.720’070.000, de los cuales $2.389’000.000 corresponden a Regalías directas y $9.331’000.000 son financiados por el Fondo Nacional de Regalías. También suscribió para construcción y mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado un Convenio Interadministrativo por $2.054’.700.000 y un Convenio de Colaboración Interinstitucional por $2.368’200.000.

Para la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Municipal, se acogió a la figura de Urgencia Manifiesta, soportada en la declaratoria de emergencia que originó la inundación de la ola invernal en noviembre de 2008, declaratoria que fue negada por la Contraloría Departamental de Santander mediante Resolución Nº 0636 del 8 de septiembre de 2009, confirmada por el concepto técnico proferido en el desarrollo proceso auditor, en el cual se concluye que la construcción de un alcantarillado sanitario no correspondía a la solución de la emergencia en el inmediato futuro, de tal forma que justificara obviar el proceso de selección objetiva.

Con la aplicación de la figura Urgencia Manifiesta, el Alcalde Nelson Pinzón obvió el cumplimiento de las normas legales de contratación, lo que se constituye en un hecho doloso de altas magnitudes en detrimento a las arcas del Municipio y a los principios de la contratación pública.

FRAGMENTACIÓN DE CONTRATOS

De otra parte, se observa que en los procesos de contratación en los que el Alcalde acudió a las modalidades de selección abreviada y subasta inversa, sólo hubo un oferente para cada proceso, y en dos casos en los que se presentaron dos proponentes, se omitieron las reglas de subsanabilidad que permitieran la escogencia de la oferta más favorable para la entidad.

Con relación a lo anterior, se evidencia de igual manera, celebración fragmentada de contratos con objetos contractuales equivalentes, entre otros, 10 de compra venta de suministros de material de recebo para drenar cunetas de aguas lluvias y negras, por $1.237’800.000; 18 consultorías para estudios y diseños de pre inversión en infraestructura educativa por $245’000.000 y 10 de estudios y diseños de pre inversión en saneamiento básico; todos estos, en atención a necesidades transitorias, sin medición, ni resultados objetivos de su impacto social y concentrados en pocos contratistas.

CONCENTRACIÓN DE CONTRATACIÓN E INVERSIONES NO PERMITIDAS

La concentración de la contratación se hace notable en la Alcaldía de Puerto Wilches, al encontrar que el 47% de los contratos suscritos con recursos públicos en el 2009, se realizó con diez contratistas, a tal punto de adjudicar 39 contratos a un mismo contratista y a otros dos (17 a cada uno) entre otros.

De otra parte se confirma inadecuada planeación que de igual forma afecta la eficacia, eficiencia y economía en la administración de los recursos de Regalías del Municipio de Puerto Wilches durante la vigencia de 2009, reflejada en la realización de inversiones no permitidas, en cuantía de $121’700.000, por suscripción de contratos de prestación de servicios de salud, de transporte y manejo de residuos sólidos en el casco urbano, que corresponden a actuaciones administrativas propias del Municipio y a la ejecución de inversiones injustificadas e innecesarias, así como la firma de 3 contratos de interventoría a contratos de compra venta, aun cuando el municipio cuenta con personal idóneo para realizar estas funciones.

Se conocieron también irregularidades en el proceso de planeación de los contratos, al advertir que no se cumplió el deber de verificar la disponibilidad pertinente para la ejecución de los proyectos, de tal modo que la entidad suscribió el Convenio de Cooperación DHS Nº 070 de 2009 en el que se obligó con $2.625’000.000 y luego suscribe un adicional que disminuyó el valor en $256.800.000 para subsanar el error en el que cayó al confirmarse que la suma comprometida fue superior a la establecida en su planeación.

En términos generales no existe planeación en ese Municipio, pues esta la realiza el Municipio de manera informal, sin soportes de estudios de mercado, conveniencia y oportunidad específicos para cada proceso y, en los proyectos para realizar obras de infraestructura no se realizaron diseños y planos que identificaran las condiciones técnicas y el alcance de las obras a ejecutar.

De igual forma, en el proceso de presupuestación y análisis de precios unitarios de los proyectos para definir los costos de los mismos, se evidencian serias deficiencias que van en detrimento de los recursos públicos y a favor de los contratistas, las que se manifiestan en el Convenio Interadministrativo suscrito con la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. EMPAS, por $2.638’800.000, que no contempló la obligación tributaria correspondiente a la contribución especial propia de los contratos de obra pública que asciende a $123’000.000.

Otro asunto relevante, es el que no se cumplieron a cabalidad los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos, como sucedió en los procesos Nº CCV 025, COP-002, COP-051 y COP-074 en los que no se efectuó el cobro del Impuesto de Timbre en cuantía de $1’200.000 y en los contratos COP-002 y COP-074 donde no se realizó la publicación en la Gaceta municipal con detrimento para el erario de $1’800.000.

En la etapa de ejecución de los contratos se evidencian deficiencias en los controles para garantizar el cumplimiento de los deberes de los contratistas y la calidad de los bienes y servicios contratados, en virtud del principio de responsabilidad para el acatamiento de los fines de la contratación, de tal modo que se encuentran obras abandonadas y en condiciones de inutilización que afectan la calidad de vida de la comunidad, como consecuencia de contratos de vigencias anteriores suspendidos hace más de dos años sin adelantar actuaciones administrativas que conlleven a su cumplimiento, no obstante haberse cancelado $158’200.000 en uno de ellos y, otro en cuantía de $349’800.000, que se encuentra en proceso de conciliación extrajudicial. En estos mismos procesos se halló certificado por parte del Interventor, de una mayor cantidad y avance de obra a la ejecutada, sin que se hayan emprendido acciones legales que determinen responsabilidades.

Mediante Convenio de Colaboración suscrito con FUNDESMAG (entidad privada sin ánimo de lucro), con el objeto de “Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de infraestructura y saneamiento básico en el Municipio de Puerto Wilches de influencia de la Superintendencia del río”, se celebró un contrato de obra civil por $2.738’100.000, consistente en la “Construcción de redes de Acueducto de la calle 5 entre carreras 3 y 11 del municipio de Puerto Wilches” y Contrato Civil de Interventoría por $150’500.000, todos, sin agotar los procedimientos que permitieran asegurar la aplicación de los principios de la contratación pública.

INTERVENTORÍAS DEFICITARIAS

En el proceso auditor ejecutada por la Contraloría, fueron realizaron visitas de inspección técnica, en las que se obtuvo evidencia que demuestran deficiente supervisión e interventoría de las obras, y del resultado de las mediciones directas de obra en infraestructura educativa del Municipio, se estableció presunta mayor cantidad de obra pagada y no ejecutada en el contrato COP 032 de 2008 por $7’300.000 y deficiencias en la calidad de las mismas.

En la segunda parte de esta investigación, los lectores conocerán los 'ataúdes más caros del Magdalena Medio', la contratación de 91 programas de televisión “La Hora de Avanzar” (desde el 2 de enero de 2010 hasta el 30 de abril de 2011), los posibles sobrecostos en la compra de Palmas de Manila y en la construcción, por parte de la firma Codenco, de un auditorio al que “le negaron el hierro”; además, las incógnitas sobre la instalación del Banco Bogotá en terrenos del Municipio.

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Por: Portada

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