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Consejo Superior, elefante blanco

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La reforma a la justicia que presentará el gobierno nacional a estudio del Congreso de la República, contempla un tópico de sumo interés, como lo es la supresión del Consejo Superior de la Judicatura.

Quienes desde la Rama Judicial anhelamos y abogamos desde tiempos inmemoriales por la autonomía y la independencia de la judicatura, saludamos que la Carta Política de 1991, consagrara en los artículos 254 al 257, su composición, las calidades para ser miembro de dicha Corporación, las competencias y funciones, concediéndole entre otras, las facultades de administrar la Carrera Judicial y manejar el presupuesto, dos escollos que hacían que resultara inane la estabilidad de los servidores judiciales y se tuvieran que arañar anualmente los recursos para su funcionamiento al Ejecutivo.

No obstante, este órgano administrativo y disciplinario pronto hizo crisis, toda vez que sus componentes se burocratizaron y desviaron la sagrada misión de dirigir los destinos de la justicia, cayendo en algunas ocasiones en los alagos del poder y la rampante politiquería, al punto que en el último cese de actividades judiciales, el presidente del Consejo Superior de la época, hizo una clara alianza con el gobienro de turno, contribuyendo de manera irresponsable a maltratar a los servidores de la Rama Judicial, impidiendo el pago de sus salarios.

En buena hora, tan anunciada supresión del Consejo Superior de la Judicatura, debe ser apoyada por todos los trabajadores del Poder Judicial, que nunca vimos a este ente como un verdadero interlocutor ante el gobierno, sino por el contrario un esquirol más que procuró complacer las descabelladas políticas de ahorro del presupuesto, promoviendo la supresión de juzgados en algunos municipios del país, lo que de suyo dejó a la deriva y en la calle a un buen número de trabajadores judiciales, sin escatimar esfuerzos en el despilfarro y derroche del mismo presupuesto, destinado para su propio beneficio.

Tal panorama, hace que el Consejo Superior de la Judicatura deba desaparecer, para que sea administrado por los presidentes de todas las Corporaciones, con la representación de los empleados y los jueces, como de manera pragmática ocurría antes de la reforma a la Constitución Polìtica.

Ello indica que el feliz invento fracasó porque esta Corporación se constituyó en un verdadero "elefante blanco", que en nada representa los intereses de los trajadores judiciales de Colombia.