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Hacer periodismo de investigación es un riesgo alto que corren quienes se dedican a ‘escarbar’ las irregularidades que cometen la clase política y funcionarios corruptos de Colombia.

Por hacer esta clase de trabajo varios periodistas han ofrendado sus vidas, sin que al Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno de turno les haya importado, que lo que se ha perdido es la vida de un colombiano honrado que solo buscaba colocar su grano de arena para desenmascarar a los llamados ‘delincuentes de cuello blanco’ que tanto pululan por los despachos oficiales.

De ejemplo de periodistas sacrificados por cumplir con su deber y obligación, está lleno el país. De los asesinatos que ha sufrido el gremio a lo largo de los últimos 20 años, muchos fueron cometidos para acallar la voz del periodista que asediaba a los ‘delincuentes de oficina’.

Algunos casos sonados como el del Director del periódico El Espectador, Guillermo Cano; el subdirector de la Patria de Manizales, Orlando Sierra y, el Director del Periódico El Caleño, Alirio Mora Beltrán, entre otros, pese al largo tiempo transcurrido, permanecen en la impunidad.

Los crímenes de Orlando Sierra en el 2002 en Manizales, Guillermo Bravo Mora asesinado durante el 2003 en Neiva, Mario Prada Díaz en Sabana de Torres (Santander) en el 2002, han sido responsabilizados dirigentes de la política partidista y política administrativa en las ciudades donde han ocurrido los crímenes; Nelson Carvajal Carvajalino en Pitalito (Huila) durante el año 1998; Hernando Rangel Moreno en 1999 en el Banco (Magdalena); Jesús Antonio Medina Parra en Cúcuta en 1994; Carlos Lajud Catalán en Barranquilla en 1993; José Antonio Dumet Acevedo, en Sincelejo en 1984; Alirio Beltrán en Cali durante 1983 y, Silvio Emilio Quiñónez en La Dorada (Caldas) en 1999, de acuerdo con investigaciones periodísticas, cayeron a manos de funcionarios públicos; este pequeño listado es una muestra fehaciente del peligro que representa cuando un periodista descubre y denuncia a los corruptos que se apoderan de los recursos del Estado.

Sin embargo, el mismo Estado abandona a los periodistas por la férrea defensa hecha a los recursos de ese Estado, como hoy ocurre cuando a los comunicadores amenazados de muerte, el Ministerio del Interior les suspendió los equipos de comunicaciones, lo que para un alto número de esos amenazados, es la única ‘arma’ entregada por el Gobierno para defenderse en caso de un ataque contra sus vidas.

EL ABANDONO DEL ESTADO

El “esquema de seguridad”, en lenguaje de los expertos, que entrega el Ministerio del Interior a los periodistas amenazados puede incluir solo un celular o un Avantel de dotación y visitas diarias de uno o dos policías a sus viviendas para que les firme un listado de asistencia con el fin e justificar su labor ante sus superiores, como ocurre con un alto porcentaje de los periodistas en peligro de muerte.

Sin embargo ese equipo de comunicación, hoy está en poder de los periodistas pero apagado, incomunicado porque no tiene asignado número alguno y las llamadas rondas de la Policía no son suficientes para evitar los atentados a que están expuestos los amenazados y sus familiares.

El Ministerio en mención, desde antes del 31 de diciembre de 2011, quitó los números de Avantel y suspendió el servicio con el argumento entregado en un mensaje de texto que decía: “La Unidad Nacional de Protección informa que por razón de cambio general de las líneas Avantel asignadas, a partir del 01 de enero de 2012, su número será nuevo. Para activarlo comuníquese al teléfono (031)2427400 extensión 2451”.

La totalidad de los periodistas amenazados, recibieron el año 2012 preocupados por el abandono y la falta de protección de parte de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior; de ahí que se dieron a la tarea, durante los primeros días del año nuevo, a comunicarse con el número telefónico indicado; algunos no tuvieron suerte pues nadie les respondían y cuando les contestaban, los enviaban a comunicarse con otra extensión, donde tampoco recibían atención y, cuando tenían suerte, una voz femenina respondía al otro lado de la línea para indicarles que debían hacer un oficio dirigido a la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, con el fin de solicitar la “ratificación de la medida”, vale decir, para implorarle al Director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar Pachón que le devuelva el servicio, al menos, para informarle a la Policía de que alguien va a atentar contra el periodista amenazado.

RESPUESTA AMENAZANTE

Pero el abandono del Gobierno para los periodistas amenazados en Colombia, no queda en ese desahucio existencialista. El responsable de la vida de los periodistas amenazados, Andrés Villamizar Pachón, Coordinador Grupo de Apoyo a la Seguridad Territorial, reacciona de manera agresiva y casi amenazante contra el periodista que exige el cumplimiento del Estado.

El Director del Periódico Portada, quizá el periodista con más amenazas en el país, le recordó vía Twitter a Villamizar el pasado 20 de enero que en ese momento iban “20 días sin que los periodistas amenazados tengan servicio de Avantel” y le preguntaba: “¿Cuántos días más estarán desprotegidos del Estado?”.

La respuesta de Andrés Villamizar fue tajante, amenazante y hasta petulante al recordarle al periodista, por su Twitter en una lánguida frase: “Las medidas de protección son temporales y sujetas a revisión periódica”, como queriéndole decir que el servicio de Avantel depende de lo que diga él o el Ministerio, por encima de las necesidades, penurias y peligros que acechan al comunicador, quien ha tenido que abandonar su ciudad ante los continuos ataques de quienes ha denunciado por sus hechos de corrupción, comprobados con documentos que han fundamentado sus artículos, pero que, para las autoridades encargadas de las investigaciones son publicaciones desapercibidas, pese a que llegan a sus manos y a sus oficinas.

Este es el estado en que se encuentran los periodistas amenazados en Colombia. Sus vidas dependen de la suerte que tengan para eludir las amenazas, de la benevolencia de sus enemigos y la disponibilidad económica para costearse su propio “esquema de seguridad”, mientras el actual Gobierno les amenaza con una frase lapidaria: “Las medidas de protección son temporales y sujetas a revisión periódica”, que obligaría a los periodistas amenazados a autocensurarse, dejar de hacer periodismo investigativo, abandonar la colaboración con la justicia para que se aclaren hechos de corrupción y llevar a los corruptos a donde deben estar: Tras las rejas. Es la triste realidad del periodista en un país que se precia de ser defensor de los Derechos Humanos, respetar la libertad de expresión y el derecho que tiene todo ciudadano de informar y sder informado.

Por: Portada

• PALABRAS CLAVE:
• Periodismo
• amenazas
• gobierno
• abandono

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