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La remoción de acusaciones hacia el Alcalde mayor de Bogotá, donde se le involucra como portador de armas en 1985 al desempeñase como concejal de Zipaquirá y amnistiado por la época, no dejan de ser meras artimañas de estructuras políticas confabuladas en destruir los buenos oficios que adelanta en la capital, mancomunado con los distintos alcaldes de los alrededores.

Estos procesos actuales y los que se ven venir en su contra, no es nada menos que, por salvaguardar los proyectos que en campaña ofreció a los Bogotanos, educación, reconstrucción de hospitales, metro ligero, construcción de vivienda para los desplazados que existen en la capital, dar a los estratos uno y dos el mínimo vital de agua, entre muchos más expectativas del plació Liévano.

Para culminar el desprestigio en contra del burgomaestre bogotano, nada más ni nada menos que los contradictores tocaron un punto álgido para la ciudad como es el Agua potable que consumen alrededor de nueve millones de residentes y que prendió alarmas en los medios de comunicación, dedicados a juzgar antes sin comprobar hechos, como si fueran jueces entierran vivo hasta al más fuerte y dedicado.

Esto que le está sucediendo al mandatario capitalino no es mera coincidencia, detrás está todo un engranaje de inversores y por supuesto políticos que quieren figurar en la vida pública, y el modo más ladino es ingresar a archivos polvorientos para averiguar y saldar lo que llamaría: Encomiendas mal intencionadas para no dejar cumplir los objetivos sociales en beneficio de los más débiles de la ciudad. Y lo están cumpliendo los detractores políticos, que no han podido sobresalir por sus medios sino que se balen de la injuria para desmantelar el buen nombre y el trabajo concienzudo, que anteriores mandatarios no han logrado por estar del lado del capital.

En análisis anterior, la muestra del conflicto que se vislumbra para Petro, viene de grandes y multimillonarios inversores en la capital y sus alrededores. Un ejemplo claro es la negativa del alcalde de no venderle agua en bloque a setenta megaproyectos de construcción de entidades externas y nacionales para vivienda lujosa en la sabana cundinamarquesa, es decir: Cajicá, Chía, Zipaquirá, la Calera, Madrid y Facatativá entre otros municipios sabaneros.

Tenemos como reflejo a Coca Cola con una inversión de US$ 320 millones en el municipio de Tocanzipá1, que se dedicaría a producir y comercializar una nueva modalidad de agua dulce, sin pagar impuestos al fisco del municipio lo mismo que vivienda de lujo en todo el sector sabanero. El gobernador de Cundinamarca en su poder, tiene denuncias contra Petro por el motivo expuesto anterior, lo que lleva a culminar, que estos entes inversores y políticos, pretenden inhabilitar o en su defecto, pérdida de investidura como Senador que se proyectaría como alcalde.

Concluyendo, por el afán del Dr Petro en legislar y socializar la comunidad sin derechos, por megaproyectos que destruyen suelos productivos, amenaza inversora extranjera y nativa contaminando el medio ambiente incluyendo aguas de caños y ríos, así como la atmósfera de los alrededores con gases, es motivo para querellas y pleitos hacia el mandatario. No es por el arma que se le incautó en el año ochenta y cinco, es por todo lo anterior.

En nuestro país dulce Colombia, los mandatarios que piensan en el bienestar del ciudadano de a pié, los que quieren proteger los campos promotores de alimentos y que son dedicados a otros asuntos, el conglomerado archimillonario conjuntamente con la clase política agresiva, hace hasta lo imposible para que en la dirección encaramen a un corrupto pelele de la inversión. ¡Así estamos contentos Colombianos!

Por: Luis Alejandro Díaz/

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