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Racismo: Esto no tiene otro nombre

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Lo que está pasando en el departamento colombiano de Cauca se puede describir como un aprovechamiento del gobierno y de ciertos sectores políticos de ese racismo subyacente presente en la población colombiana en general. Es por esto que ante las masacres de indígenas, la violación de sus territorios, el no cumplimiento de los acuerdos con el gobierno la respuesta mediática y ciudadana suele ser opuesta a cuando estas poblaciones responden como ocurrió en el Cauca en los últimos días.

Las instituciones colombianas tienen la tendencia desvergonzada a demeritar los eventos donde los indígenas han sido desplazados, asesinados, sometidos y su convivencia comunitaria alterada por el desarrollo de hostilidades en contra de las FARC, grupo armado insurgente que está vinculado a actividades asociadas al narcotráfico.

Es una indiferencia que viene desde las instituciones del Gobierno Nacional, pero que, hipócritamente, se convierte en una mal llamada reacción ciudadana en contra de los indígenas en general, cuando estos deciden rebelarse ante el desconocimiento de sus derechos. Esto es lo que ha pasado aquí: El gobierno está violando flagrantemente la Ley. No lo hace desde hoy; lo hace desde la promulgación de la misma.
El estado colombiano, acogiendo el Convenio suscrito en el marco de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas; denominado Convenio OIT No 169, firma y ratifica este acuerdo. Aún más, lo incorpora a la Constitución Política de Colombia por tratarse de un tratado de Derechos Humanos.

Entendiendo que el Convenio OIT, ratificado mediante Ley de la República establece los parámetros en materia de territorio y autonomía por parte de la población indígena, así como la marginación de los indígenas de actividades bélicas por cualquier actor armado, la presencia actual de accionar militar del gobierno nacional en esos territorios es abiertamente ilegal, además de ilegítimo.

Esto ocurre porque el Convenio establece una consulta previa con las autoridades que representan las comunidades indígenas en estos territorios, en el desarrollo de actividades del estado en estas zonas. Hace unos días las autoridades Nasa le solicitaron al presidente de la República la evacuación de las tropas del Ejército Nacional de sus territorios, no sin antes de hacer un balance de cerca de unos 4000 indígenas asesinados, otro tanto de desplazados y la alteración plena del desarrollo de su vida comunitaria. En el marco de este convenio, las autoridades indígenas no consienten la presencia del Ejercito Nacional en sus territorios. ¿Cuál fue la reacción del Gobierno Nacional? No solo decidió mantener las tropas, sino que además incrementó los patrullajes, en los cuales ya han muerto por “errores militares”dos indígenas. Ante la negativa del Gobierno Nacional de retirar las tropas, los indígenas tomaron la iniciativa de sacar las tropas ellos mismos. Esto corresponden a las escenas difundidas de manera suficiente por parte de los medios de comunicación y se manipula como un ultraje a los miembros de las Fuerzas Militares, donde la imagen de un soldado llorando (por causa de las bombas lacrimógenas que ellos mismos usaron para dispersar la población indígena) es muestra del sufrimiento de las Fuerzas Militares por causa de la subversión indígena.

En todo ese contexto falaz se ha empezado a acusar a toda la población indígena del Cauca de estar aliadas con las FARC en sus actividades de terrorismo. Los que vivimos en Colombia sabemos que el hecho que una persona o grupo sea asociado como cómplice de este grupo al margen de la Ley significa convertirse en objetivo de amenazas y criminalización por parte de fuerzas oscuras.

Lo peor de todo esto es que la misma población indígena es víctima de las FARC en muchas oportunidades, ya que las FARC también les han secuestrado, desplazado, asesinado e irrespetado a los indígenas y sus territorios.

Lo único que vincula a las poblaciones a los indígenas a la ilegalidad en este caso es la presunta vinculación con las FARC, su principal victimario en la clandestinidad. A esto se le suma el hecho que esta acusación es reforzada por el racismo subyacente en el pueblo colombiano; el mismo que alaba la cultura y las artesanías indígenas, pero deplora al indígena como individuo y poblador legitimo de una muy mínima parte de sus territorios arrancados por la conquista europea. Es importante señalar que se percibe una amenaza latente sobre quienes se pudiesen atrever a instaurar alguna acción ciudadana y legal para exigir al gobierno el cumplimiento de la Ley 21 de 1991, bajo la cual se ratifica el convenio OIT 169, so pena de que esta iniciativa ciudadana sea criminalizada, actitud que ha hecho carrera en Colombia en contra de la protesta social.

Es así que solo queda hacer las respectivas denuncias ante organismos internacionales de Derechos Humanos, difundir los hechos que ocurren en nuestro departamento del Cauca en contra de la población indígena. Sin embargo, es bueno empezar a prender las alarmas en cuanto al racismo que se está manifestando en nuestra sociedad, el cual es muy parecido al que fue utilizado por el Tercer Reich en contra de la población judía o el establecido en contra de la población negra en Sudáfrica.