26 de octubre de 2014
15 Enero de 2013 | Noticias

Responsabilidad mediata y la tesis de la combinación de las formas de lucha

Responsabilidad mediata y la tesis de la combinación de las formas de lucha
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El 12 de septiembre de 2011 se hizo referencia en este mismo blog a la utilización del neocomunismo latinoamericano de la amenaza jurídica de la tesis de la responsabilidad mediata en lo penal para amedrentar a dirigentes civiles y mandos militares sobre las consecuencias de enfrentar los aparatos armados y terroristas de la izquierda a través del tiempo.

Se señaló entonces que la amenaza del neocomunismo internacional es la imposición del principio de la responsabilidad mediata como prueba de la responsabilidad penal en las conductas punibles que resultaren dañinas en materia de Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario; con tal tesis condenaron los dolientes de Sendero Luminoso a Alberto Fujimori en el Perú y han obtenido ‘triunfos judiciales’ contra los militares que combatieron la oleada terrorista del comunismo en Latinoamérica desde los años 60[1].

Adoptando la misma tesis penal el aparato judicial colombiano ha proferido condenas contra mandos militares incluso por hechos sucedidos en Colombia antes de la entrada en vigor de normas internacionales como el Estatuto de Roma o de que dichas conductas fueran tipificadas como punibles en el ordenamiento penal interno, el caso más emblemático es quizá la condena proferida contra el señor Coronel Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia de 1986.

Frente a ese panorama y pese al acto legislativo que define el fuero militar, quienes pertenecen a la Fuerza Pública deben prepararse para una ofensiva jurídico-política más intensa que la vivida hasta ahora en caso de prosperar los diálogos de La Habana. Ofensiva que ya inició con la actitud asumida por la CIDH y organizaciones no gubernamentales empeñadas en mostrar la reforma constitucional como un retroceso en materia de salvaguarda de los DD.HH y el D.I.H., no es un secreto que esta ofensiva en Colombia es liderada por el representante a la cámara Iván Cepeda Castro del PCC.

Cepeda Castro pretende que se judicialice no sólo a quien se desempeñó como Presidente de la república en el período en que se puso en marcha y se desarrolló la Política de Defensa y Seguridad Democrática que constituyó el comienzo del fin del fin de las narcoguerrillas comunistas, sino que la misma política sea criminalizada y se judicialice y condene a todos los mandos militares y de policía que intervinieron en su desarrollo exitoso.

Debe recordarse que el llamado marco jurídico para la paz convertido igualmente en acto legislativo previamente a los diálogos de La Habana contempla la llamada justicia transicional para los cabecillas del narcoterrorismo pero excluye al personal militar de la misma en los casos de probada violación a los DD.HH y el D.I.H. Hoy hay más de 1.500 militares y policías privados de la libertad por hechos relacionados con el desarrollo del conflicto armado interno y su situación jurídica permanece en un limbo injustificado.

Cabe anotar que pese al acto legislativo que define cuáles son las conductas punibles de oficiosamente debe conocer la justicia ordinaria y no la Penal Militar, ya el Fiscal General Eduardo Montealegre ha manifestado que no piensa devolver procesos a la justicia competente sino que proseguirá la etapa acusatoria lo que indudablemente sería en principio nugatorio del derecho al debido proceso consagrado en el art. 29 de la Constitución y en especial a lo referente a la aplicación de la norma más favorable para el procesado en materia penal.

Pero lo que llama la atención es que el principio de la responsabilidad mediata se predica con relación a los servidores públicos y nada se dice, como no se dijo en los procesos llevados a cabo en el Cono Sur, con respecto a quienes alentaron, patrocinaron o estimularon el uso de la violencia terrorista en América Latina, los partidos comunistas de cualquier tendencia que introdujeron por decisión del Komintern soviético la tesis de la combinación de las formas de lucha para la toma del poder.

En el caso colombiano el PCC y específicamente sus dirigentes Gilberto Vieira y Manuel Cepeda Vargas, padre del actual representante Iván Cepeda.

Precisamente en el evento de fructificar los diálogos de La Habana hay dos escenarios a tener en cuenta dentro de las definiciones de la justicia transicional contemplada en el marco jurídico para la paz: Uno en el que se considera que en Colombia hay un conflicto armado y que lo mejor que se puede hacer es lograr la paz, así esa paz tenga unos costos en materia de justicia e incluso, en algunos casos, delimitaciones de la democracia. La otra posición considera que en Colombia, antes de cualquier cosa, debe haber justicia para aplicársela a quienes han cometido delitos graves, aún en el contexto del conflicto armado, aún con relación a aquellos que promovieron políticamente la violencia terrorista desde los años 50 en el país.

No se puede seguir considerando como meras expresiones, opiniones o tesis inanes las que introdujeron el concepto de la combinación de las formas de lucha, ellos también deben estar llamados al proceso de verdad, justicia y reparación que corresponde a las víctimas del comunismo y de las Farc.

[1] COLOMBIAOPINA´S BLOG. El principio de responsabilidad mediata en la responsabilidad penal. Septiembre 12 de 2011. En: http://colombiaopina.wordpress.com/2011/09/12/el-principio-de-la-respons...

 

Por: NUEVAS OPINIONES

  • PALABRAS CLAVE:
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