18 de Septiembre de 2014
5 Febrero de 2013 | Noticias

CIDH avalaría eventual indulto a terroristas de las Farc

CIDH avalaría eventual indulto a terroristas de las Farc
Foto:http://colombiaopina.wordpress.com/2013/02/06/cidh-avalaria-eventual-indulto-a-t

Señalando que la justicia no puede entorpecer un proceso de paz el presidente de la CIDH, el peruano Diego García-Sayán abre las puertas al reconocimiento de ese organismo de justicia interamericano a un eventual indulto que beneficie a los terroristas de las Farc.

El peruano que estará en Medellín del 17 al 22 de marzo dentro del proceso iniciado por ONG de derechos humanos contra los responsables de desapariciones y desplazamientos en el curso de la Operación Orión llevada a cabo en las comunas de esa ciudad en octubre de 2002[1], manifestó al ser interrogado sobre los alcances de la desmovilización y reinserción contempladas en el llamado marco jurídico para la paz frente a la prohibición de indultos a delitos de lesa humanidad contemplada en el Estatuto de Roma, que: Yo no quiero generalizar en este proceso pero sí digo que la justicia no lo puede entorpecer[2].

Sobre el conflicto armado en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resaltado en numerosas oportunidades la necesidad de emplear mecanismos efectivos de negociación a fin de desactivar a los actores del conflicto armado y poner fin a la violencia que afecta a los habitantes de la República de Colombia desde hace cuatro décadas. Asimismo la Comisión ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto[3], pero negándose a expresar una condena, así sea simbólica, frente a las acciones constituyentes de delitos de lesa humanidad cometidas por las organizaciones narcoterroristas.

Por el contrario, la CIDH ha emitido múltiples condenas contra el Estado colombiano responsabilizando a la Fuerza Pública de violación de los DD.HH aun obrando pruebas de falsos testimonios, falsas víctimas y falsas pruebas como ocurrió recientemente con los casos Santo Domingo y Mapiripán eludiendo la revisión de sus fallos con el argumento de que ella no revisa pruebas sino que se fundamenta en las declaraciones arrimadas a los procesos por los demandantes y las respuestas del gobierno. Bien es sabida la existencia de un cartel de falsas organizaciones de derechos humanos y de testigos presentados sistemáticamente por las organizaciones que buscando el lucro demandan constantemente al país ante ese organismo. En el 2011 el organismo recibió 1.658 denuncias de 35 naciones, de las cuales 342 fueron interpuestas por ciudadanos o entidades no gubernamentales colombianas.

La CIDH, desde que la OEA está en manos de representantes del llamado socialismo del siglo XXI, ha guardado silencio sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de las Farc. Así nada dijo el pasado mes de diciembre frente al pronunciamiento de la compañera de “Tirofijo” cuando se refirió a los secuestrados como “prisioneros de guerra”, ni de la manera ladina como sus voceros en la mesa de negociación desmintieron esa práctica tenebrosa para posteriormente señalar que el secuestro es un derecho de guerra que ellos reclaman. Como tampoco de las denuncias del Defensor del Pueblo sobre el reclutamiento de menores en Vichada o las del Ministro de Defensa sobre los 80 uniformados desaparecidos por las Farc y el ELN.

Así que las desafortunadas declaraciones del señor García-Sayán no deben extrañar como tampoco el regocijo que ellas producirán en los autores del marco de impunidad aprobado como acto legislativo para lavar las culpas de los narcoterroristas frente a los múltiples crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos durante 50 años de agresión contra el pueblo colombiano. Es un hecho que el gobierno como tal, no va a iniciar ninguna acción ante la CPI contra los cabecillas y mandos de todos los pelambres de las organizaciones narcoterroristas, pero los aparatos de bolsillo de esas organizaciones si lo harán contra nuestros soldados y policías ante la pasiva mirada de una clase política que es tan responsable como ellas de lo sucedido en el país.

[1] El 7 de marzo de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, con sede en Medellín, en la cual se alega la responsabilidad del Estado en la presunta detención arbitraria de las líderes sociales María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez y Ana Teresa Yarce. Creado en el 2000 el GIDH surge de lo que antes se llamaba Comité Héctor Abad Gómez y ha iniciado diversos procesos contra el estado colombiano entre ellos los relacionados por los hechos de “El Aro” y “La Granja” acumulados bajo el nombre de "Masacres de Ituango". El GIDH trabaja de la mano del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR en las sistemáticas denuncias contra Colombia.

[2] VANGUARDIA. La justicia no puede entorpecer el proceso de paz. Bucaramanga. Martes 5 de febrero de 2013. En: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/194687-la-justicia-no-pued...

[3] CIDH. Pronunciamiento de la comisión interamericana de derechos humanos sobre la aplicación y el alcance de la ley de justicia y paz en la república de Colombia. En: http://www.cidh.org/countryrep/Colombia2006sp/pronunciamiento.8.1.06esp.htm

 

Por: NUEVAS OPINIONES

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Comentarios

osgir

osgir

6 Febrero de 2013
6:51 am

Si la sal se corrompe......