20 de octubre de 2014
8 Febrero de 2013 | Noticias

La condena del Tribunal Administrativo de Antioquia

La condena del Tribunal Administrativo de Antioquia
Foto:http://colombiaopina.wordpress.com/2013/02/08/la-condena-del-tribunal-administra

El Tribunal Administrativo de Antioquia, profirió el primer fallo en el que se reconoce la responsabilidad del Estado sobre la suerte que corrieron 8 personas que murieron por cuenta de una incursión de las autodefensas ilegales en San José de Apartadó el 21 de febrero de 2005. De acuerdo con el Tribunal, la Nación es “administrativamente responsable” por la violenta muerte que sufrieron esas personas, pues fue la falta de protección por parte de la Fuerza Pública, sumada a la participación de algunos uniformados en la masacre, lo que conllevó al espantoso resultado[1].

En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. Agregó que no se podía destinar un policía o soldado para cada ciudadano, sobre todo en un país con un conflicto armado de alta intensidad. La Alcaldía de Apartadó, sin embargo, señaló que precisamente por tratarse de una zona roja, con presencia de grupos armados con capacidad militar ostensible, “definitivamente requería el control y atención del orden nacional a través de las Fuerzas Militares del país”[2].

El caso de San José de Apartadó es sui géneris en tanto el poder judicial considera que hay omisión del deber de garante del Estado por no ejercer el control y atención del orden público a través de las FF.MM., sin tener en consideración que ha sido la misma comunidad de ese municipio antioqueño, influenciada por la llamada Comunidad Intereclesial de Justicia y Paz dirigida por el sacerdote jesuita Javier Giraldo y mediante la constitución de las llamadas “comunidades de paz” la que ha rechazado sistemáticamente la presencia de las FF.MM y de Policía en ese municipio desde su constitución en marzo de 1997[3].

Incluso mediante Sentencia T-1025/07 la susodicha comunidad logró que la Corte Constitucional fallara a su favor una petición para que las autoridades militares y de policía les suministraran los nombres de soldados y policías que participaran en operativos de control en San José de Apartadó o donde ella solicitara tal información; la Corte en su momento consideró que la información que se proporcione debe contener la relación de los nombres de los miembros de la Fuerza Pública concernidos, con indicación de las fechas de servicio y el lugar donde fue prestada, según lo pedido. Sin embargo, y previendo para qué iba a ser utilizada la información, intento incluir una salvedad, la inclusión de un nombre en la lista en ningún caso puede tenerse como una sospecha, un señalamiento o, mucho menos, un reconocimiento de responsabilidad, algo que evidentemente no se tiene en cuenta en el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia al señalar que los hechos se dieron con el beneplácito o el silencio cómplice de miembros de la Fuerza Pública.

Debe recordarse que precisamente y con base en esa información, la comunidad de San José de Apartadó a través de los llamados Colectivos de Abogados inició proceso contra el personal militar allí destacado entonces; de los uniformados procesados, el capitán (r) Guillermo Gordillo ha sido el único en aceptar su responsabilidad en estos dolorosos hechos y fue condenado a 20 años de prisión por ese mismo Tribunal. En junio del año pasado fueron condenados también el teniente (r) Alejandro Jaramillo, los subtenientes (r) Jorge Milanés Vega y Édgar García Estupiñán y el sargento Darío Brango Agámez. Fueron absueltos el coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo y Ángel María Padilla y los cabos Ricardo Bastidas y Sabaraín Cruz Reina, cuyos expedientes están en estudio en la Corte Suprema de Justicia[4] ante recurso presentado por los denunciantes..

Es evidente que la decisión del Tribunal antioqueño, tan permeado por el legado ideológico de Jaime Pardo Leal, se fundamenta no en un hecho jurídico sino un hecho político destinado a crear lo que denomina un nivel mínimo de confianza de la comunidad de paz y las instituciones de Estado como proclamó en la citadaSentencia T-1025/07.

Acusar y condenar a la Fuerza Pública por los hechos violentos que suceden allí y darle a los denunciantes las herramientas para que puedan señalar a los miembros de la institución militar o policial destacados allí, por omisión o por acción en los mismos, es el arma por excelencia utilizada para neutralizar la necesaria acción de control y atención contra cualquier organización armada ilegal que opere en la jurisdicción de San José de Apartadó como efectivamente ha sucedido. Sin lugar a dudas es el mejor ejemplo de la guerra jurídico-política contra el Estado abusando de los mismos derechos y garantías que brinda la democracia.

 

Recuérdese precisamente que fue esa comunidad de paz de San José de Apartadó la que logró que la CIDH exigiera medidas de protecciones especiales a dos cabecillas de las Farc presentadas como defensores de los derechos humanos, hecho que fue probado suficientemente por el Estado en su oportunidad sin que la CIDH se pronunciara aduciendo que ella no es una corte que se base en pruebas sino en declaraciones.

Es un hecho que un poder judicial divorciado de la realidad fáctica del conflicto armado promovido por el comunismo a través de las Farc y Eln, seguirá fallando a partir de consideraciones ideológicas que permiten presentar a los victimarios, las organizaciones armadas ilegales y sus apologistas, como víctimas que merecen la protección del Estado por ser considerados “luchadores altruistas” cuyo único delito es discrepar ideológicamente del modelo democrático establecido en el Estado social de derecho colombiano, siendo el militar o el policía responsable de los derechos y garantías de quien lo ataca con las armas o provee la información necesaria para que sea atacado como señala la Corte Constitucional.

Estos fallos eran previsibles desde que la Corte Suprema de Justicia consideró a los terroristas de las Farc y Eln como “luchadores altruistas” y son apenas el pasabocas de lo que se vendrá en caso de fructificar los diálogos de La Habana. Esos “luchadores altruistas” terminarán ejerciendo la función de investigadores, acusadores y jueces de soldados y policías, así como de todo ciudadano que no haya compartido el ideario comunista que no pudo ser impuesto por las armas sino por las debilidades mismas de la democracia.

1. EL ESPECTADOR. Estado tiene responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó. Judicial. 8 de febrero de 2013. En: http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.el...
2. Ibíd.
3. RED DE INICIATIVAS Y COMUNIDADES DE PAZ DESDE LA BASE. Comunidad de paz San José de Apartadó. En: http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&...
4. Ibíd.

 

Por: NUEVAS OPINIONES

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