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Cómo no tener una cultura mafiosa en Colombia cuando lo único que se conoce es la miseria y la corrupción. Cómo, cuando de los 44 millones de habitantes, 20 millones son pobres y ocho más están en la indigencia. Cómo, cuándo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), escasean las oportunidades y aumenta el desempleo: ya alcanza el 12,2 por ciento. Cómo, cuando ya la mayoría de la población se ha sumido en la desesperanza y la incredulidad. No es gratuito, por tanto, que en este país prime el culto al dinero fácil.

Al parecer, todo colombiano se ha convertido en un retrato hablado de la crisis y de cómo ella ha hecho a nuestra cultura vulnerable a las actividades ilícitas. Somos personas capaces de cerrar los ojos ante la ilegalidad y la criminalidad, con tal de asegurar beneficios económicos.

Ya lo demostró el auge del narcotráfico, el aumento del contrabando e, incluso, el crecimiento de las loterías, apuestas, casinos y demás juegos de azar. La sociedad colombiana ha sido una históricamente fascinada con las grandes riquezas, obtenidas con poco esfuerzo. Seguimos siendo testigos del crecimiento desproporcionado de este tipo de actividades, algunas lícitas, otras no.

Callejón sin salida

Entre la espada y la pared. Así estamos todos los colombianos. Si la falta de dinero conlleva al hambre, la abundancia de él, según el parecer de la mayoría de la población, acarrea la persecución estatal. Es casi un secreto a voces y, como todos lo saben, intentan disimular su riqueza ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Según un reportaje del periódico Portafolio, si se es persona natural y se hacen operaciones con una suma igual o superior a diez millones de pesos en una entidad financiera, o si en lo corrido del mes las transacciones igualan o superan los 50 millones de pesos, se reportan los movimientos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) como procedimientos sospechosos que podrían provenir de actividades ilícitas, ya sea lavado de activos o financiación del terrorismo.

Asimismo, si la persona tiene un patrimonio superior a $99.243.000 o si su ingreso fue superior a $72.778.000 en 2009,  declara renta.  Si tiene vehículo también paga. Si el valor es inferior a $34.697.000, le aplica el 1,5 por ciento.  Si supera los 78′068.000,  el impuesto es de 3,5 por ciento. Si está entre 34′697.001 y hasta los 78′068.000 pesos, es del 2,5 por ciento.

Ahora bien, si el patrimonio de la persona natural o jurídica, supera los tres mil millones de pesos se debe pagar el impuesto de guerra del 1,2 por ciento. Y si se tiene una empresa, se debe pagar el impuesto de aduana, impuesto sobre la renta, impuesto sobre ventas y el impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Sin ser suficiente, por obtener ganancias ocasionales de loterías, casinos, apuestas y demás, el Estado cobra un gravamen del 20 por ciento sobre el total. Es decir, nadie se salva de pagar. Ni la suerte vale en este país.

Cuál peor

Como quién dice: ya no se sabe si en Colombia es mejor ser rico que ser pobre. Lo cierto es que la prioridad del colombiano promedio es la supervivencia. Y aunque el fin no justifique los medios, la sociedad actual es sólo un reflejo de la crisis institucional. Que seamos adeptos del dinero fácil y de la cultura mafiosa que muchos critican, no es sino uno del los síntomas de las múltiples y repetidas dificultades que ha dejado a la población sin salida.  Todo el mundo quiere tener plata a como dé lugar.

Así lo asegura el reconocido economista colombiano, Luis Jorge Garay, quien sostienen que los colombianos vivimos “en una sociedad permeada por la cultura ‘mafiosa’, en una sociedad acostumbrada a vivir sobre ingresos, en buena parte, que no le corresponden o que no son sostenibles”.

El problema es que también el dinero fácil castiga y prueba de ello fue el gran coletazo de un fenómeno que, más un año después, algunos miran con rabia e impotencia y otros con la melancolía de no haber alcanzado a tener un futuro mejor.

Se trata de una de las muestras más grandes del culto al dinero fácil, gestada desde el negocio de las pirámides, entre ellas, DMG Holding Group S.A. Esta empresa, propiedad de David Murcia Guzmán, vendía tarjetas prepagos por valores superiores a los $100.000 pesos, con las cuales el cliente podía comprar en los distintos almacenes de la firma, surtidos de una variedad de productos. Al cabo de seis meses, el inversionista recibía hasta el 150 por ciento del monto de la tarjeta que originalmente adquirió.  De hecho, en noviembre de 2008, último mes de funcionamiento, ofrecían hasta 300 por ciento de retorno. Muchos, viendo las increíbles ganancias, vendieron sus propiedades para poder hacer parte del negocio.

Bajo este esquema empresarial, Murcia consiguió miles de adeptos que sentían que DMG nunca les habían fallado y que, por el contrario, les multiplicaba su dinero de forma asombrosa. Pocos se preguntaron cómo era posible que la compañía se mantuviera en pie.

Lo cierto es que ese negocio, en el que muchos vieron una salida a los problemas financieros, generó, tras su caída, fuertes repercusiones económicas. También desencadenó una ola de suicidios. Para Murcia y sus socios, significó enfrentar cargos por lavado de activos del narcotráfico y captación ilegal, con una extradición para el líder del grupo.

Fue un espejismo

Para nadie es un secreto que el derrumbe de las pirámides desplomó la moral de la población, pero también la economía del país. Con su caída, se contribuyó a deprimir aún más la demanda de los consumidores, al sumir en la pobreza a algunos de los inversionistas. Y es que en forma deliberada y constante, captadoras como DMG lograron arrebatar del público cerca de cuatro billones de pesos.

Para el periodista económico, Efraín Pachón, ello representó una especie de permiso, una tolerancia del gobierno, al consentir que firmas como DMG operaran, haciéndose pasar por vendedoras de productos y servicios. “Desafortunadamente”, dice él, “en un país donde la gente tiene una mirada negativa del sistema financiero, donde hay un enorme mercado extrabancario y donde existe una cultura mafiosa, estos señores lograron captar ese infierno de plata: cuatro billones de pesos con tasas de interés del 50, 100 o 150 por ciento, cuando el sistema financiero estaba pagando el siete u ocho por ciento”.

Y todo lo que dice Pachón es cierto. Los colombianos desconfían del sistema bancario, en primer lugar, porque no resulta tan fácil acceder a él. Para aspirar a ser titular de una cuenta, se debe incurrir en un tedioso papeleo que, muchas veces, las personas no están dispuestas a realizar. Por si fuera poco, los intereses que se pagan son muy bajos, en comparación a los que cobran cuando efectúan préstamos. Tal como lo ratificaba John Miranda, uno de los afectados: “El sistema financiero de este país no te da oportunidades de nada.  ¿Cómo es que te cobran interés para un préstamo que lo pagas hasta dos o tres veces pero cuando ahorras no recibes ni el cinco por ciento al año?”

En cuanto a la cultura mafiosa, es sabido que, si bien no todos los colombianos buscan vincularse en negocios ilícitos, a más de uno le atrae la idea de verse rodeado de bienestar económico. También los medios se han encargado de limpiar un poco la imagen del “traqueto”, mostrando su lado humano y su vida cotidiana mediante novelas como Sin tetas no hay paraíso, El capo y Las muñecas de la mafia. Resulta comprensible entonces que miles de colombianos hayan visto en las pirámides una buena oportunidad para expandir sus entradas financieras.

Lo que ocurrió, para Pachón, fue que a la gente se olvidó del riesgo y llevó su dinero persiguiendo las altas tasas de interés. Pero “eso era lavado de activos porque, ¿qué negocio en Colombia renta siquiera 30 por ciento? Lo que hacía el señor Murcia, como los de las otras captadoras, era recibir dineros de la mafia, cambiarlos por electrodomésticos, por carros, por pasajes, y los hacían ver como un negocio lícito, cuando lo que estaban haciendo era lavar plata” aseguró.

Coincide con él José Vargas, economista y docente de la Universidad Externado de Colombia, quien también analizó el impacto que tuvo el auge y caída de las captadoras en la economía colombiana. Primero, resaltó que produjo la disminución del consumo, debido a que miles de personas perdieron ahorros con los que hubieran podido adquirir bienes y servicios. En segundo lugar, recordó cómo las captadoras privaron a las familias de realizar una inversión productiva en bienes de capital, acciones, bonos, etc, con los que el riesgo no hubiese sido tan alto. Aseveró que estas últimas eran “opciones de inversión que hubieran protegido de mejor manera los ahorros”.

Vargas destacó cómo la caída de las diferentes firmas ocasionó que muchas personas perdieran sus inmuebles, vehículos u otras posesiones después de años de esfuerzo, derivando en detrimento patrimonial y pérdida de poder adquisitivo de grandes núcleos de la población. Adicionalmente, señaló cómo, tras el cierre, se  desencadenó un “sentimiento generalizado de confusión y desconfianza en la solidez de la economía, contrarrestando las expectativas positivas que ella traía hasta fines de 2007”.

En última instancia, subrayó la manera como estos cuatro fenómenos mencionados contribuyeron a disminuir el ritmo de crecimiento económico que traía la nación hasta ese momento, reduciendo la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a partir del 2008.

No es exagerado. Las cifras, tanto como la crisis económica y social, parecen demostrarlo. Precisamente, un informe especial del periódico El Tiempo publicado el pasado 3 de noviembre revela las consecuencias que dejó el derrumbe de las captadoras de dinero en el país. Entre las principales se observan hoy el incremento de la delincuencia común, los suicidios y la aparición de bandas organizadas dedicadas al atraco.

La zona más crítica del país sigue siendo Putumayo, departamento ubicado en el suroeste del país. Los datos muestran que los robos en casas y negocios han aumentado. Igualmente, parece que muchos de los campesinos que habían dejado de sembrar cocaína para esperar los intereses de las pirámides decidieron reactivar el cultivo. El desplazamiento y la educación fueron otros de los daños colaterales, pues varios han huido y los padres no tienen con qué responder para el pago del ingreso de sus hijos al colegio. Los centros comerciales y almacenes también quedaron vacíos.

Adicionalmente, hay algunos municipios que definitivamente se han venido abajo. Es el caso de Pitalito, Huila, donde la Cámara de Comercio estima que la economía seguirá registrando niveles bajos en 2010 y que los comerciantes seguirán teniendo pérdidas en los próximos tres años. Allí la situación es dramática, pues el 70 por ciento de la economía depende de caficultores que, viéndose afectados por invertir en las pirámides, dejaron de fumigar cultivos que ahora están invadidos por la plaga de la roya. De los 60 mil millones que movían al año, para 2009 registran apenas 15 mil.

La tierra del nunca rendirse jamás

Lo inverosímil del caso, es que muchos de los incautos inversionistas que todavía defienden la captadora, son potenciales electores que respaldarán la campaña política que adelanta Cristian Murcia Guzmán para el Senado de la República este 14 de marzo. “Creo que fue culpa de la élite que siempre ha manejado este país. El gobierno se dejó presionar y finalmente la intervino. Lo más triste es que nunca fue claro el porqué la cerraron. De hecho, hoy en día, después de todo el revuelo que hicieron, tratan ya de ni mencionar el caso, pero sí hubo mucha gente importante involucrada que recibió dinero de la empresa. Y  lo peor, el pueblo fue el que sintió el golpe. Todo pasará al olvido: esa fue la solución que se le dio” afirmó uno de los afectados que pidió no revelar su nombre.

Pocos creen en los cargos que se le imputan a Murcia, culpan al gobierno de su caída y justifican su inversión en la crisis económica nacional. Tanto así que, mediante la Fundación DMG- Amigos de David Murcia Guzmán, ya esperan un nuevo camino político. En alianza con el partido Apertura Liberal, la 'familia DMG'  lanzó para estas elecciones  candidatos a la Cámara en 19 departamentos y postuló una lista al Senado, encabezada por su hermano Cristian Murcia Guzmán. 

Por: ginamendez

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