Uno de los casos más aberrantes que ha tenido Colombia en los últimos tiempos fue el famoso “Paro Armado”, el cual tuvo un desenlace final feliz, fue como el de fuga de parejas recién casadas. Ese final feliz fue el de paro armado de los paramilitares de Urabá que se extendió por cinco (5) departamentos del norte de Colombia.

Pero lo grave es que las deficiencias de las fuerzas legales del Estado colombiano para combatir la subversión guerrillera no tengan la suficiente eficiencia y eficacia, le da razón a la sociedad civil para entrar en acción de cubrir tales falencias, a pesar de los grandes esfuerzos de este gobierno para conseguirlo ante las guerrillas, que han sufrido bastantes e importantes bajas en los últimos tiempos.

El título que ostenta el edificio de la justicia en la capital Bogotá que rotularon con un pensamiento del general Santander: “Si las armas nos dieron la libertad, las leyes nos darán la justicia”, está muy lejos de cumplirse esa consigna. Comenzando porque ni siquiera las armas nos han dado la tal “Libertad” y mucho menos la justicia se nos asoma para darnos ni siquiera la semejanza, mucho menos la “Igualdad”.

Que en un Estado Social de Derecho, donde las armas están o deben de estar en poder de las fuerzas armadas del Estado y no en las de grupos por fuera de las ley, y el propio Estado las tolere en otras manos, es porque las señaladas consignas están sometidas a normas extralegales, como son estos grupos que paralizaron la movilización y la libertad de los ciudadanos de esas regiones, que son más de una cuarta parte del Pais, es como para preocuparse.

Y, para complemento, que el Estado no tenga la capacidad de repelerlas es porque esas consignas en los “frontis de las edificaciones” de las sedes de donde se imparte justicia aún no logran sus objetivos y, de manera muy difícil lo lograrán un día... sino hasta cuando tengamos la ansiada, urgente y necesaria: ¡PAZ!