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SEGURIDAD CIUDADANA:

UNA MIRADA DESDE LA ARQUITECTURA.

SINOPSIS DE LAS TASAS DE CRIMINALIDAD:

El 31 de Diciembre de 2009 la Organización de los Estados Americanos (O.E.A) a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba el informe final sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, haciendo énfasis en su definición desde la perspectiva de los Derechos que tiene el ciudadano en su entorno social y habitable, precisando que el concepto de seguridad que se manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del estado. Hoy en día, los estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en el marco del respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales.

Así, desde el punto de vista de los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados (sic).

Las cifras señaladas en el informe sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos es escalofriante y preocupante en grado sumo. Nuestra América latina se encuentra inmersa en una tasa de criminalidad del 25,6 homicidios sobre 100.000 habitantes, muy por encima al registrado en Europa que fue del 8.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, no obstante si el análisis se enfoca solamente en los sectores de ingresos medios y bajos de la población la tasa promedio de homicidio se incrementa en 27.5 por cada 100.000 habitantes o sea 1.9 homicidios más.

En Soledad muy a pesar de nuestras condiciones sociales, económicas, políticas y urbanas sumamente precarias, las cifras que se presentan en nuestra ciudad no sobrepasan el indicativo de homicidios señalados en el informe del cual hacemos referencia, bordeamos los 20.41 homicidios por cada 100.000 habitantes o sea 5.19 homicidios menos de los que se cometen en el resto de América latina. (Tasa de criminalidad obtenida por la Secretaria del Interior del Departamento y por las declaraciones del comandante de la Policía a los medios de comunicación señalando 473 homicidios en el Departamento del atlántico en el año 2010. De los cuales en nuestro Municipios se cometieron 109 homicidios desde el 1 de Enero hasta el 16 de Noviembre de 2010.

Pero lo que realmente nos preocuparía es si la tasa de homicidio de 89.7 personas sobre 100.000 habitantes declarada en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los jóvenes entre 15 y 29 de edad con ingresos medios y bajos de la población, fuera mayor o igual en nuestros jóvenes soledense que según las proyecciones del último censo efectuado en el 2005 conjuntamente con las proyecciones del P.D.M. (Plan de Desarrollo Municipal) sumarian en total 133.322 personas entre hombres y mujeres para finales del año 2010. Si aplicamos la tasa de criminalidad del cual habla el informe presentado por la Comisión interamericana de Derechos Humanos, estaríamos perdiendo cada año injustamente la vida de 90 jóvenes entre los 15 y 29 años edad por la falta de aplicación de verdaderas políticas públicas direccionadas para su desarrollo y provecho, en bien de la ciudad.

Lo más triste de esta realidad presente es que nuestro actual Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2011 enuncia un cumulo de políticas, estrategias y programa en su parte estratégica para los jóvenes de nuestra ciudad que no han sido cumplidas en su totalidad, alejándose por completo de la prevención de la criminalidad y posibilitando la acción en tareas represivas estableciendo programas para la política de seguridad y convivencia ciudadana, dándole prioridad al aumento del pie de fuerza, la renovación tecnológica, el parque automotor, la creación de zonas especiales de seguridad y la creación de una unidad de investigación criminal.

Creemos de igual forma como lo señala el informe de la Comisión interamericana de Derechos Humanos que: las principales víctimas de esta forma de criminalidad común se encuentran en los sectores de ingresos medios y bajos de la población y, también en estos casos, involucran especialmente a los niños, niñas o adolescentes e incluye en muchos casos fuertes niveles de violencia física.

Las Naciones Unidas han señalado que la violencia física entre compañeros tiende a ser más común en las zonas urbanas caracterizadas por falta de empleo, educación y diversiones sociales y viviendas de baja calidad, en las que poblaciones jóvenes y en rápido crecimiento expresan su frustración, rabia y tensiones acumuladas en peleas y comportamiento antisocial. Gran parte de la violencia incluye altercados personales entre amigos y conocidos, y está muy relacionada con el uso de drogas y alcohol, de igual forma la corrupción administrativa y la impunidad sobre los homicidios han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas. Como también el incremento de la pobreza y la indigencia han elevado los niveles de desigualdad y exclusión social, y han favorecido el aumento de la violencia y la criminalidad. (Sic).

LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL APLICADA AL CONTEXTO URBANO EN LA CONCRECION REAL DE LA CIUDAD.

El tema de la violencia y la criminalidad desde la perspectiva de la agresión al otro han sido tratado por diferentes expositores y visto a través de diferentes métodos; los verdaderos efectos traumáticos de la otra violencia institucional en el desarrollo de la ciudad son más significativo a la hora de medir las consecuencias finales, Sin embargo, en nuestra sociedad soledense, la paradoja de la violencia y la criminalidad adquieren características de síntoma el cual hay que tratar con represión, mientras que su perversa naturaleza o causa institucional acumulativa es velada y oculta por los generadores de violencia y criminalidad, de modo que nuestros ciudadanos se ven inmersos en el contexto del miedo y el silencio que se expresa con su vivir complejo dentro del marco de la ciudad.

De esta forma, la violencia debería ser vista como una estructura social integral más que como una acción de eventos violentos aislados que derivan en criminalidad finalmente. La violencia y la criminalidad no solo se genera únicamente desde abajo, la institucionalidad gubernamental a través de sus representantes legales de turno, elegidos en la Democracia participativa de elección popular y, apoyados en la legalidad de un documento rector exigido para desarrollar un territorio como bien lo define las Leyes 136 de 1994 y 388 de 1997 más el Acuerdo Municipal 004 de 2002, violentan la estabilidad de la seguridad y convivencia de un territorio, cuando incumplen con sus objetivos, políticas, estrategias y programas de sus propuestas para desarrollar la ciudad, creando en el colectivo de la sociedad soledense, desesperanza, rechazo, y desencanto ciudadano, lo que debilita en proporciones considerables la seguridad ciudadana del territorio.

Cuando el estado y su administrador elegido no hacen presencia institucional, léase, en la dotación de aspectos netamente urbanos y sociales que se requiere para la armonía que se desea en una sociedad en condiciones lamentables como la nuestra, que busca desarrollar ese imaginario colectivo diseñado así sea unilateralmente por los gobiernos de los ex alcaldes y alcalde actual que han sido y siguen siendo irresponsables con la ciudad, los índices de criminalidad y de infraestructura social urbana seguirán por el tiempo de los tiempos durmiendo el sueño de Job, mientras le sigamos apostando a lo impreciso y nos acostumbremos a convivir con situaciones no atendidas que debieron ser solucionadas hacen más de 15 años, y que hoy persisten pese a las intenciones gubernamentales expresadas en sus planes de Desarrollo.

Las decisiones de gobierno mal enfocadas en los distintos momentos de acción nos han construido una ciudad desdibujada, violenta e injusta y carente de todo orden urbano, nos siguen violentando propuestas que esperan turno desde hace más de una década para su concreción mediata tales como:

Una malla vial en completo abandono e inservible (Solo 11% se encuentra en buen estado según el Plan de Desarrollo municipal).

Un déficit de vivienda que supera las 18.000 unidades (según cifras establecidas en el POT de la ciudad).

Unos servicios públicos que no logran la cobertura del 100% de las unidades residenciales existentes de la ciudad (El 99,3% tiene conexión al servicio de energía eléctrica, el 85,7% al servicio de gas natural, el 84,5% al servicio de acueducto, el 82,2% al servicio de alcantarillado, 65% al servicio de aseo y 35,1% al servicio de teléfono, según cifras establecidas en el P.D.M de la ciudad.

La mayoría de las instituciones públicas educativas de la ciudad se encuentran próximas al colapso estructural según estudio realizado por la Sociedad de ingenieros del Atlántico.

20.158 niños por fuera del sistema educativo (cifra señalada en P.D.M de la ciudad).

Un déficit de aulas de aproximadamente 8.200 M2. Y un déficit total de ambientes pedagógicos de 11.700 M2 en área construida para la población escolarizada. (Cifra tomada del P.D.M de la ciudad).

Una tasa de analfabetismo del 5,53%. (Cifra tomada del P.D.M de la ciudad).

Los discapacitados físicos continúan exponiendo su integridad personal rompiendo barreras arquitectónicas en la ciudad por la ausencia de la aplicación de la Ley 361 de 1997.

Existen 64.921 habitantes en nuestra ciudad con necesidades básicas insatisfechas aun por fuera del Sistema General de Seguridad Social en salud. (Cifra tomada del P.D.M de la ciudad).

Más de 30.000 desplazados por la violencia política del país, encontraron su lugar en nuestro territorio, aumentando los cordones de pobreza y miseria de nuestra ciudad, echados a suerte y sin ningún tratamiento social y económico por parte de la Municipalidad y el Gobierno nacional que les permita regresar a sus tierras abandonadas.

Siguen sin legalizar 61 asentamientos humanos dentro del perímetro urbano de la ciudad.

44.724 persona localizadas en zonas de alto riesgo correspondiente a 7.454 familias (3.125 familias ubicadas en el sector de influencia del ruido aeroportuario, 2.971 familias ubicadas en las rondas de los arroyos el salao y el platanal, 789 familias ubicadas en la torres eléctricas de alta tensión, 440 familias en las riberas del caño de Soledad, 129 familias ubicadas en basurero de la Concepción (Cifras tomadas del P.D.M de la ciudad).

El bajo índice de espacios públicos que ofrece la ciudad (0.41M2/persona) violentando el estándar mundial por personas (15M2) acompañado por el abandono total en que se encuentran los espacios públicos existentes.

A MANERA DE COLOFON.

La tesis de nuestra ponencia plantea en materia de seguridad tres tendencias vinculadas con la problemática de la ciudad:

La primera tendencia sugiere mano dura contra la inseguridad y criminalidad en la ciudad considerando el delito como una conducta negativa propia de determinadas personas. Los individuos con fuero gubernamental que la aplican recurren cristianamente a la legislación penal y a las fuerzas represivas del estado como el método idóneo para solucionar el problema de la inseguridad y violencia. La segunda tendencia fomenta la prevención del delito enfrentando las causas que generan la reproducción de la violencia en el espacio urbano de la ciudad, apostando como bien lo define la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a la profesionalización de la Policía y la implementación de programas para mejorar la relación entre los agentes del orden y las comunidades locales. Buscando los efectos positivos a partir de una gestión de la seguridad, basada en una adecuada información sobre la realidad objetiva y subjetiva de la violencia y la delincuencia, incorporando sistemas de construcción de indicadores, recolección de datos, y trabajo a partir de mapas georeferenciados para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana.

En el mismo sentido se busca trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como es el caso de los que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia. Y finalmente la tercera tendencia determina que el “hombre es bueno por naturaleza”, y “la sociedad es la que lo corrompe”.

Propone combatir la violencia y la criminalidad mediante reformas sociales, económicas y urbanas que reduzcan la pobreza, el desempleo, fortalezcan la educación, la salud y el déficit de vivienda, la generación y mantenimiento de espacios públicos amigables, la erradicación por completo de las zonas de alto riesgo que ponen peligro la vida, el esfuerzo por el rediseño urbano como también la indignidad del vivir frente a la desolación urbana de la ciudad actual. Factores estos que si no son aplicados en el sentido estricto de la palabra, son señalados como los causantes de los comportamientos delictivos de la ciudad.

CONCLUSION:

Soledad definitivamente es una ciudad que ha sido diseñada para la violencia y la injusticia, su larga historia de permanencia en el contexto espacial del territorio atlanticense, nos muestra hoy finalmente una ciudad saqueada desde la perspectiva económica, abandonada a su suerte en la planificación social de su desarrollo y desdibujada por la política arribista de sus conductores en la gestión urbana de su progreso.

Ante esta situación confusa y difusa de nuestra ciudad nos tocara parafrasear algeógrafo David Harvey en su declaración manifestada en el Foro Social Mundial de Belem en Enero de 2009:

“En Soledad hemos llegado aún punto en que ya no podemos aceptar lo que Margaret Thatcher dijo: NO HAY ALTERNATIVA, tenemos que decir que debe haber una alternativa para Soledad y sus gentes, y podemos aproximarnos a esta alternativa concibiendo el DERECHO A LA CIUDAD como una demanda popular y justa para la convivencia ideal de nuestra sociedad fragmentada”.

Por: Oscar Camilo Serpa Reyes/

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• seguridad

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