31 de octubre de 2014
9 Noviembre de 2012 | Recomendaciones | (Colombia)

Paro judicial

Paro judicial
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La nivelación salarial de la rama judicial, entre el rigor formal del derecho y la legitimidad del reclamo como derecho sustancial

El presente escrito, tiene como fin cuestionarlo a usted. ¿Es posible que el Estado colombiano funcione? ¿El derecho existe para evitar las vías de hecho?

¿Para qué enseñamos que las normas son para cumplirlas cuando las situaciones de hecho las sobrepasan? ¿Una ilegalidad debe ser resuelta con otra? Realmente nos encontramos en un Estado Social de Derecho. Si bien el Estado tiene como meta realizar sus fines sociales y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, no es menos cierto, que sigue siendo un Estado de Derecho, y en este sentido se impone acometer las tareas que le corresponden cumpliendo las leyes tal cual han sido expedidas, entre estas, la constitución.

El paro judicial que inicio en el mes de octubre de 2012, con la finalidad según entiendo de lograr la nivelación salarial “adjudicada” por la ley 4 de 1992. ¿Esta idea es jurídicamente viable?
Miremos, la ley en comento dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

Según entiendo, de lo dispuesto por la ley, era obligación del Gobierno revisar el sistema de remuneración de la Rama Judicial atendiendo criterios de equidad, orden prevista para ser realizada hasta el 1 de enero de 1993, por lo tanto, superada esta fecha, el Gobierno perdió la capacidad para realizar la “nivelación salarial” hoy pretendida.

Observemos que si usted tiene derecho a algo y esa garantía jurídica no se presenta, la regla general es que acuda al juez competente para hacerla exigible, por lo tanto, si usted no puede hacer uso de las acciones constitucionales y vigentes, no tiene un derecho que reclamar, a su turno, es necesario que la reclamación la presente en el tiempo adecuado, de lo contrario puede presentarse la prescripción o la caducidad, como fenómenos jurídicos que garantizan la seguridad jurídica, en este punto, es preciso recabar que la prescripción de los derechos laborales sucede dentro de los 3 años siguientes a su desconocimiento, si hacemos cuentas, de 1992 a hoy, ¿cuantos años han pasado?; me parece pertinente recordarles que la prescripción extraordinaria llega máximo hasta los 10 años, tiempo que también venció. ¿Por qué los derechos de la rama son exigibles y los de los demás trabajadores no?

La ley debe aplicarse en los términos que se dice, miremos que si se tratase de un acto adminsitrativo, su pérdida de ejecutoria habría llegado hasta los 5 años siguientes.

De lo anterior se desprende que legalmente no tienen derecho alguno.

Saldrá entonces el argumento que lo que se exige es el cumplimiento del artículo 2 y no del 14:

ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.

Sin embargo en esta norma que se cumple cada año, no se observa el objeto de petición, pues sus peticiones no se corresponden con ninguno de los literales previstos por la norma. Observese que el que más se parece seria el literal J: El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; pero la nivelación salarial no se compagina con la naturaleza funcional, ni la responsabilidad ni los requisitos de ingreso. Sucede lo mismo con el literal K que se predica exclusivamente de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral.

Para materializar nuevamente dicho postulado legal nuevamente, sería necesario que el Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, lo volviera a autorizar. No obstante, es necesario advertir que tal tarea solo puede ser emprendida por iniciativa del Gobierno de conformidad con el artículo 154.

Por tanto, de entrada, debe resaltarse que se está buscando la aplicación de un derecho que no existe jurídicamente. Señores, existen un mundo de normas que no se cumplen ordinariamente, porque nuestro sistema parece ser inconciente, pero para realizar algún día el objetivo de que todo sea tal como el ordenamiento dice que debe ser sin importar el desconocimiento que de él se haga, nuestra conducta debe ser acorde, sino, para que el ordenamiento?

Ahora bien, si miramos el mecanismo de acción utilizado para solicitar el cumplimiento de una “tarea” pendiente olvidada (de la cual se pueden predicar también los delitos enunciados en la parte final), PARO, (con este si mi memoria no falla son 3 veces), deberíamos preguntarnos ¿Colombia está condenada a repetir su historia permanentemente? Pues sin ir muy atrás en el mes de noviembre de 2009, el país observó sendos titulares que decían, verbigracia: “Corte Suprema declaró ilegal paro judicial de 45 días en el 2008”

Tengo un respeto enorme por la justicia, y de antemano, les digo que me sentiría muy enaltecido si hoy en día pudiera ser juez de nuestra república, por ende, creo escribir sin pasiones, y manteniendo el mayor grado de objetividad. Pero lo que está pasando es inaudito, es el desconocimiento total de que el ordenamiento jurídico es vinculante para ¡todos!, de que tenemos una democracia que nos permite realizar materialmente todos los cambios legales sin el uso de armas, o luchas fisicas.

Señores, jueces, fiscales y empleados de la rama judicial, los invito cordialmente a que, (obviando el calor de la lucha, el sin sabor de sentirse engañados, y la justa o injusta posición que han asumido; yo también trabaje para la rama, y a mi también me pagaban por debajo de la escala que hoy se pretende), apelen a su rigor jurídico y mediten por un momento sus clases de derecho Constitucional, (también lo hago frente a los tantos ciudadanos y personas que la “conocen” en virtud de las clases de derecho constitucional que recibieron en cumplimiento del artículo 41 de la misma), sin temor a errar, creo que lo primero que explican en ella, es que LA CONSTITUCIÓN ES NORMA DE NORMAS (artículo 4); así como que los servidores públicos son responsables por infringir la constitución, las leyes, así como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (artículo 6); y que en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Quiero entregarles una mirada constitucional, legal y jurisprudencial como se sigue, esperando más que me den la razón, generen sus propias conclusiones:

Al realizar un análisis constitucional (mediante la interpretación sistemática) lo primero que debemos resaltar, es que como se desprende del preámbulo de la constitución, la justicia es un valor esencial del Estado (aquello por lo cual el ordenamiento jurídico es lo que es y no otra cosa, y que al desaparecer, transformaría nuestro régimen jurídico en otro);

El Estado (todas las personas que habitan en nuestro país) tiene como fin (artículo 2) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y como se deprende de este enunciado naturalmente sin justicia no es posible garantizar ningún derecho, pues volveríamos a la barbárica ley de talión (ojo por ojo diente por diente);

Como tal la administración de justicia (artículo 228) es Función Pública, cuya actuación debe ser PERMANENTE, tanto que aun cuando nos encontramos frente a un estado de inconstitucionalidad procesal actual (el procedimiento judicial es desastroso), se dice que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.”;

La constitución en el ARTICULO 229 establece “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.” (¿es ello posible cuando no hay servicio?)

Señores de conformidad con el artículo 55 de la Constitución, ustedes tienen derecho a la negociación colectiva, a tener su sindicato, artículo 39, no así, a declararse en huelga, por ser un servicio público esencial, artículo 56, y si no pueden declararse en huelga que es un derecho constitucional y legal, mucho menos en paro, porque ningún paro es legal.

Es pertinente recordarles que esta diferencia no es inane, pues existe una sima muy profunda entre el empleado privado, particular, y aquel que se inviste del poder estatal como empleado público, pues este, de conformidad con el artículo 122 se compromete a representar el Estado, a acercarlo a sus metas y fines, tanto que por ello jura cumplir la constitución y la ley, y sus funciones están detalladas en la ley o reglamento.

Lo dicho da pie para que se dilucide entonces lo que la LEY establece:

En primer lugar, me permito recordarles que cuando la ley es clara, no es posible desatender su tenor literal, por ende, no es posible como lo dijo el respetado Fiscal General de la Nación, que si no se vulnera la esencia de la administración de justicia, el paro no sea ilegal. (Artículo 27 de la Ley 57 de 1887), (en lo personal puedo dar fe de que hasta lo esencial se encuentra obstruido, tengo una acción de tutela a mi favor que no he podido impugnar. Porque ni a eso dejan entrar.).
 

Mire lo contradictorio que resulta leer el preámbulo de la ley de administración de justicia, “Considerando que la justicia es un valor superior consagrado en la Constitución Política que debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho, y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, y que dada la trascendencia de su misión debe generar responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla,”; y el ARTÍCULO 1:“ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.” con la realidad que hoy tenemos, el encargado de hacer cumplir la ley, aplicar justicia, incumple la propia ley. La forma de exigir un derecho no es mediante el uso de acciones que ocasionan perjuicios (para eso tenemos los mecanismos de participación ciudadana)
¿Cómo podemos cumplir con el artículo 4 de la norma cita? “La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento.
 

Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar” ¿será que suspendiendo las labores hay una administración de justicia pronta cumplida o eficaz? O porque no preguntarnos, de qué sirve el último aparte de la norma, si con este ya serian prácticamente 3 paros judiciales sin sanción.
 

Desde el primer día de paro el Gobierno debió observar que se trataba de la alteración del orden público, y solicitarle a quien es el órgano disciplinante (consejo superior de la judicatura) que iniciase las sanciones respectivas, y si ese órgano se ha de declarar impedido, pues han debido nombrar a los conjueces correspondientes.
 

Solo citar el artículo 12, conduce a los mismos interrogantes: “La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente Ley Estatutaria.” FUNCION PERMANENTE.
 

Ahora bien, como se señaló al hablar del artículo 56 de la constitución los servicios públicos esenciales, no pueden entrar en huelga, y al buscar en la ley de administración de justicia, forzoso es decir, que de conformidad con su artículo 125 “La administración de justicia es un servicio público esencial.”
Ni que decir, respecto de los artículo 6, 91, 121 y 122, de la constitución, que parecen concluir que el paro es un incumplimiento de las funciones señaladas por la ley, pues si se mira el artículo 153 de la ley 270, allí se establece entre otras que:

“ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:
1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.
7. Observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias.”
Con esta misma lupa, los invito a que miren las siguientes prohibiciones:

“ARTÍCULO 154. PROHIBICIONES. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido:
1. Realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones durante la jornada de trabajo, salvo la excepción prevista en el parágrafo 2o. del artículo 151.
2. Abandonar o suspender sus labores sin autorización previa.
3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados.”

Si fuera un grupo menor que pasaría con ellos, se les perdonaría públicamente el incumplimiento?
Donde está su responsabilidad? Se difumina en el carácter importante que representa la justica? en que son ustedes quienes la aplican?
 

Como si lo anterior no fuera suficiente, una interpretación jurisprudencial, nos remitiría a los siguientes postulados:
1- El PARO-No tiene protección constitucional ni legal (S.T-1059/01, T-926/03, T-927/03, T-413/05)
2- http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-471-01.htm
La imposibilidad de ejercer el derecho de huelga, empero, no puede convertirse en obstáculo para el disfrute del derecho de asociación sindical. [no hemos negado este derecho] …
La jurisprudencia constitucional ha sido clara al expresar que mientras que el derecho de huelga como derecho fundamental tutelado por la Constitución y la ley tiene una finalidad o propósito único definido en la misma ley, como es la solución de conflictos económicos o de interés y requiere una serie de pasos o trámites que deben ser agotados previamente, el denominado paro no está protegido ni por la Constitución ni por la ley, pues se trata de un acto de fuerza, una medida de hecho que no cumple ni con la finalidad prevista para la huelga, ni con los pasos previos establecidos por la ley para ésta. De otra parte, se encuentra proscrita conforme a lo señalado en el artículo 379 literal e) del Código Sustantivo del Trabajo, como actividad prohibida a los sindicatos.
 

SEÑORES USTEDES TIENEN DERECHO AL SINDICATO, pero no al paro y a la huelga, por eso resulta insensato escuchar al gobierno y algunos manifestantes, diciendo que si la firma del presidente de Asonal es vinculante, eso que importa, si por ley no tienen derecho a ese tipo de pactos colectivos. La ley se cumple o no se cumple, pero no pueden pretender solo lo favorable.
 

No falta quien crea que hablo sin sentido porque “olvido” el Bloque de constitucionalidad.
 

“ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”

En otras palabras, los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, sin embargo me conformo con decirles, que ello no es cierto, en tanto que si bien el Congreso está en mora de reglamentar la aplicación de esos convenios para los servidores públicos, la prohibición de realizar huelga y paros en los servicios públicos esenciales, es tajante y no admite salida, pues como se puede leer en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1234-05.htm, (claro obviando que es un mero obiterdictum, pero que no por ello, puede pasar inadvertido como argumento jurídico de peso), la corte constitucional, se pronuncio en el siguiente sentido:
 

“2.1 Los demandantes señalan que la limitación del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, vulnera el preámbulo y los artículos 4, 13, 53 y 55 de la Constitución, pues, si bien la Corte declaró exequible esta prohibición en la sentencia C-110 de 1994, también lo es que el legislador, mediante las Leyes 411 de 1997 y 524 de 1999 aprobaron los Convenios 151 y 154 de la OIT, respectivamente, convenios y leyes que fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, en las sentencias C-377 de 1998 y C-161 de 2000, respectivamente.
 

Ahora bien, al analizar el artículo 55 de la Carta, la Sala encuentra que la norma constitucional garantiza el Derecho De “Negociación Colectiva” para regular las relaciones laborales, incluidas las organizaciones sindicales de los empleados públicos, y el artículo acusado 416 restringe a estos sindicatos la presentación de pliegos de peticiones o la celebración de convenciones colectivas.
Retomando todo el análisis hecho, las restricciones del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo son la especie, y, por consiguiente, no obstante que no ha habido desarrollo legislativo sobre el tema por parte del Congreso, la limitación contenida en la disposición legal resulta exequible, porque aunque no la menciona, tampoco prohíbe expresamente el derecho a “la negociación colectiva” de los sindicatos de empleados públicos. Lo que conduce a declarar la exequibilidad de la disposición en lo acusado, pero en forma condicionada hasta que el legislador regule la materia.
 

Porque esta declaración de exequibilidad no puede entenderse como la prohibición del derecho de los sindicatos de empleados públicos de realizar negociaciones colectivas, en el sentido amplio del concepto. Por el contrario, estas organizaciones pueden presentar reclamos, peticiones, consultas, y deben ser atendidas. Los sindicatos de empleados públicos pueden acudir a todos los mecanismos encaminados a lograr la concertación sobre sus condiciones de trabajo y salarios. A su vez, el ejercicio de este derecho debe armonizarse con las restricciones propias de la condición de empleados públicos de los afiliados a estas organizaciones, es decir, que si bien pueden buscar la concertación, también opera la decisión unilateral del Estado en cuanto a salarios y condiciones laborales.”
 

Se puede decir entonces, señores, sí hay posibilidad de realizar negociación colectiva, pero no huelga, y mucho menos, paro!. Nada les impide para que se unan concerten entre todos por fuera de su trabajo, que tipo de reglas laborales y salariales desean, y las presenten al consejo superior para que lo pida en el plan nacional de desarrollo, y si eso no funciona, cambien las normas que lo impiden, SIN ALTERAR EL ORDEN, presenten un proyecto de ley que organice la forma en cómo los empleados públicos pueden presentar reclamaciones y ser efectivamente escuchados por el estado, un proyecto de ley concertado no demora en el congreso 2 meses, pero eso requiere un trabajo decidido permanente, de concertación, argumentación, que nadie está dispuesto a hacer.
 

“justicia para la justicia” retumba como coro ensordecedor en los pasillos y sitios donde se debiera hacer justicia de forma permanente. Señores, quisiera preguntarles, si se tratara de una huelga, ¿los trabajadores recibirían el pago de salarios? Su respuesta ha de ser negativa, por ende, ustedes tampoco debieran recibirlo. Entonces porque lo han recibido?
 

El estado a pesar de entregarle autonomía a cada una de las instituciones no deja de ser uno, la pelea como se puede ver no dejaría de ser entre yo y yo, mi parte derecha del cerebro dice una cosa, mi parte izquierda dice otra. El estado tiene solo un fondo de recursos, ¡el nuestro!, de cada compra se lleva una parte con el iva, su fuente de recursos es nuestro patrimonio, por ende debemos entrar a mirar como en virtud de la autonomía la coordinación no ocurrida nos afecta
 

Por decir algo que gastos no esenciales estamos asumiendo… luces de navidad? Arriendo de entidades que no lo requieren?
 

Si se reviza históricamente los últimos cinco años la ejecución del presupuesto de la rama judicial, se observa que ejecutaron menos del 70% en cada una de las vigencias, esos dineros no podrían haber sido destinados a mejorar las condiciones laborales?, porque no fueron reasignados? A nadie le es permitido alegar su propia culpa en su beneficio.
 

Sean consientes, para el mes de agosto, el presupuesto de inversión se ha ejecutado al 15%, aproximadamente 60.000mil millones de 400.000 mil millones, detengámonos un instante, no despilfarremos los recursos que se necesitan.
 

Sin entrar a profundizar, me quedo con las siguientes citas:
Constitución política, articulo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

Ley 270 de 1996, artículo 69. “DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.”
Aún más importante me parece el artículo 71 de la norma en cita“DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO JUDICIAL. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas:
1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.
2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación.
3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.”

Estamos abriendo la puerta para que las personas perjudicadas con el paro judicial, reclamen los daños antijurídicos que han ocasionado. Esto no debería suceder.

Es vergonzoso pensar que solo atreves de la vulneración de un ordenamiento jurídico se piense en arreglar un desasosiego económico, si lo que quieren es aplicar las normas sindicales, observen estas:
Artículo 379. Prohibiciones. Es prohibido a los sindicatos de todo orden:

e). *Aparte tachado INEXEQUIBLE*. *Modificado por la Ley 584 de 2000, nuevo texto:* Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligacionessalarialescon sus trabajadores.

Artículo 450. Casos de ilegalidad y sanciones.

1. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos:

a). Cuando se trate de un servicio público;
b). Cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos;

c). Cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo;
d). Cuando no haya sido declarada por la asamblea general de los trabajadores en los términos previstos en la presente ley;

e). Cuando se efectuare antes de los dos (2) días o después de diez (10) días hábiles a la declaratoria de huelga;
f). Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo, y

g). Cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas.

2. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en él, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despido no requerirá calificación judicial.

Hay que decir las cosas, para mi no solo hay una ilegalidad en su actuar, sino una falta de legitimidad en la organización y sus bases, que incluso raya con tipos penales, se que no todos los empleados y funcionarios querían parar, entonces al obligarles a estar por fuera, que nombre se le daría.
Algunos tipos que posiblemente se han infringido:
 

Art. 150.-Prevaricato por omisión. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 29. El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en las penas previstas en el artículo anterior.
 

Artículo 184. Constreñimiento para delinquir. *Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004:* El que constriña a otro a cometer una conducta punible, siempre que ésta no constituya delito sancionado con pena mayor, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.

Artículo 340. Concierto para delinquir. *Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004:* Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

Artículo 417. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. *Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004:* El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

La pena será de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular

Artículo 423. Empleo ilegal de la fuerza publica. *Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004:* El servidor público que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee la que tenga a su disposición para consumar acto arbitrario o injusto, o para impedir o estorbar el cumplimiento de orden legítima de otra autoridad, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses, multa trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
 

Artículo 434. Asociación para la comisión de un delito contra la administración publica. *Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004:* El servidor público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra la administración pública, incurrirá por ésta sola conducta en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la misma no constituya delito sancionado con pena mayor.

Si interviniere un particular se le impondrá la misma pena.

Artículo 446. Favorecimiento. *Penas aumentadas por la Ley 890 de 2004:* El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses.

Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pena será de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses de prisión.

Si se tratare de contravención se impondrá multa.

QUIERO DEJAR EN CLARO QUE NO PRETENDO SU ENJUICIAMIENTO NI SANCION, PORQUE ELLO EXCEDE MIS PROPIOS DESEOS, pero si que se hagan las cosas como deben ser:
 

Opciones
 

Realicen manifestación en horario no laboral: ARTÍCULO 37 de la Constitución. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho
 

Convenzan al congreso de que realice la actualización legal sobre la negociación colectiva de empleados públicos.
 

Participen correctamente en la elaboración del plan nacional de desarrollo, artículo 341 de la constitución y 88 de la ley 270.
 

De aquí en adelante, las personas estarán convencidas de que solo con la manifestación, los paros y marchas, el país reacciona, cuando en nuestras manos está ser diferentes y dar ejemplo, ya el Senador Villalba decía en la plenaria de esta semana que para el 26 de este mes paro de los caficultores: El derecho existe para evitar las visa de hecho. Nos encontramos frente a una impotencia estatal
Finalmente el gobierno y el congreso no pueden dejar de ser juzgados por sus respectivas culpas, pero ese no es el fenómeno que aquí se trato de considerar.
 

Esta nota al público, es solo una llamada sensata al dialogo honesto, dentro del respeto del ordenamiento. Cada quien debe materializar sus deseos, por eso las regiones son representadas por los representantes a la cámara. Ello no es ilegitimo. Pero hay que saber actuar.

jwolpc@hotmail.com

Por: jwolpc

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