


Comente en Soyperiodista.com el inicio de la restricción total del porte de armas, aún amparadas, por parte de civiles en Bogotá, que regirá a partir de hoy miércoles 1 de febrero y se extenderá por tres meses.
Se calcula, según las cifras de homicidios con armas de fuego en Bogotá, que en ese período se deberían reducir las muertes violentas en la capital por cuenta de la medida, que dependiendo de sus resultados, se podrá ampliar o dejar permanente.
En lo que va corrido del año, 80 personas han sido asesinadas en Bogotá, según cifras de la Policía Metropolitana. De estos homicidios, los datos oficiales concluyen que el 10% se ejecutaron con armas con salvoconducto. Ese es el cálculo de homicidios que, con la medida, la Alcaldía estima reducir.
Sin embargo, un estudio internacional reseñado por el diario británico The Guardian, señala que la cifra podría incluso ser superior y reducir los homicidios entre un 23 y un 53%.
“Durante estos tres meses las autoridades congregadas en el Consejo Distrital de Seguridad harán un pormenorizado seguimiento de la medida, sus alcances y el impacto que genera. Esto, sin duda, tiene que llevar a una reducción de los homicidios y otros delitos en nuestra ciudad”, aseguró el alcalde Gustavo Petro al referirse a la medida.
El martes, el secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolff, aseguró que la administración monitoreará muy de cerca el efecto de la restricción en los índices de muertes en la ciudad. Entre tanto, serán la Brigada XIII y la Policía Metropolitana los encargados de hacer efectivos los controles para hacerla cumplir.
La medida fue propuesta por Petro el mismo día de su posesión, el pasado 1° de enero, y fue la XIII Brigada del Ejército la que autorizó su aplicación, con el visto bueno del Ministerio de Defensa, que tiene a cargo la política de porte de armas en el país.
En ese lapso cualquier ciudadano que sea sorprendido por las autoridades policiales con un arma de fuego deberá entregarla inmediatamente, así tenga salvoconducto.
Los únicos que estarán exentos de la medida serán los miembros activos y en uso de buen retiro de la Fuerza Pública, los oficiales profesionales de la reserva, las empresas de vigilancia privada debidamente acreditadas, los miembros del CTI de la Fiscalía y los escoltas de seguridad.
La Resolución 001 del 26 de enero de 2012, expedida por la Brigada XIII, también exime de la restricción a los miembros de la Federación Colombiana de Tiro y Caza, la Asociación Colombiana de Coleccionistas de Armas y la Asociación de Coleccionistas de Armas San Jorge Casan. Según la resolución, “estas personas deberán transportar sus armas dentro de sus vehículos, descargadas y sin proveedor puesto”. Adicionalmente, en el caso de un registro por parte de las autoridades, los miembros de estas asociaciones deberán presentar un certificado de afiliación a estos grupos.
Tampoco afecta a aquellos ciudadanos que se desplacen por la Autopista Norte, la Autopista Sur, la calle 13, la calle 80, la vía a Villavicencio, y que de paso entran a Bogotá. Tampoco cobija a aquellos que entran o salen de la ciudad, ya sea por las terminales de transporte terrestre o los aeropuertos de la ciudad.
La restricción ha suscitado una amplia discusión nacional sobre la política de porte de armas. Decenas de mandatarios locales, entre ellos prácticamente la totalidad de los alcaldes municipales de Cundinamarca y su gobernador, Álvaro Cruz, han avalado la medida y solicitado que en sus propios territorios se prosiga con ejercicios similares.
Esta estrategia de seguridad ciudadana llamó la atención de varios medios internacionales y fue reseñada ayer ampliamente por The Guardian, con el título “Un guerrillero convertido en alcalde saca las armas de las calles de Bogotá”.
EL ESPECTADOR

