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El país recibió a finales del año pasado con beneplácito el nombramiento que la Corte Suprema de Justicia en buena hora hizo de la Dra, Viviane Morales Hoyos, como nueva Fiscal General de la Nación.

Este acontecimiento contribuyó a disminuir las tensiones y enfrentamientos que tal interinidad había ocasionado con el anterior Gobierno, avizorando un panorama de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y la Rama Judicial, que de suyo son el punto de partida para unas estrechas y respetuosas relaciones, promovidas por el presidente Santos.

La elección de la Fiscal en propiedad, llegó en el momento en que la sociedad colombiana esperaba del ente acusador la mayor eficacia y probidad en la ejecución de las investigaciones, sean para la persecución de la delincuencia común o contra la bien reconocida delincuencia de “cuello blanco”. Porque allí no pueden existir distingos ni reparos, ni menos connivencia con los delincuentes, que desborden el verdadero espíritu y razón de ser de la justicia.

La trayectoria personal y profesional de la Dra. Morales, quien fungirá a partir de ahora como la responsable de la política criminal del Estado colombiano, ha sido clara y sin reproche alguno. Le esperan tareas difíciles pero no imposibles, como las de esclarecer investigaciones heredadas de los sonados escándalos de la parapolítica, el insólito espionaje a magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición, y el de Agro Ingreso Seguro, entre otros.

Además, recibe a la Fiscalía en pleno proceso de implementación del concurso de méritos para acceder a los cargos de fiscales, lo cual hará mejorar el nivel profesional de los funcionarios, dejando a un lado el otrora clientelismo y la burocratización para sus nombramientos.

Los ciudadanos del común y el país entero reclaman una justicia pronta y cumplida. Para ello, entre otras cosas, se requiere incrementar la planta de personal de fiscales en todos los órdenes, al tiempo que es una necesidad inmediata fortalecer el organismo de investigación denominado C. T. I., como que son pilares fundamentales para auscultar y avanzar en las investigaciones que demanda el proceso penal acusatorio vigente en Colombia desde el 2005, cuyos resultados no son la panacea que se anunció, toda vez que se requiere de la voluntad política del Gobierno para apropiar a la justicia de los suficientes recursos para su funcionamiento adecuado.

Esperamos que en el devenir de la gestión que habrá de ejercer la nueva Fiscal General de la Nación, el país recobre la confianza en su justicia, persuadido de que en ella está depositada toda su confianza, como que no se le reconoce tacha ninguna.

Por: ORLANDO MORALES

• PALABRAS CLAVE:
• FISCAL

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